Un caso testigo

Lautaro Peñaflor Zangara

San Miguel del Monte tiene menos de 25 mil habitantes. Unos 8 mil menos que Adolfo Alsina en su conjunto. Ubicado en el noreste de la provincia de Buenos Aires, podemos calificarla como una localidad pequeña, como las nuestras.

Entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de mayo de 2019, la tranquilidad pueblerina se vio afectada. Tras una feroz persecución policial, fueron asesinados cuatro adolescentes: Danilo Sansone de 13 años, Gonzalo Domínguez de 14, Camila López también de 13 y Aníbal Suárez, de 22. Rocío Quagliarello, de 13 años, fue la única sobreviviente.

El contexto es tan ridículo como inexcusable. Los jóvenes estaban dando vueltas en un Fiat 147 por la avenida Costanera que bordea la laguna, cuando empezaron a ser perseguidos sin aparente razón. El miedo hizo que elevaran la velocidad. La policía respondió con disparos, y el choque contra el acoplado de un camión terminó de sellar la suerte de las víctimas.

Rocío, la única ocupante del auto que no murió, permaneció dos meses internada en un hospital por los múltiples golpes y heridas que sufrió. En lo sucesivo, cargó con severas secuelas por el dolor de haber perdido a sus amigos en esas circunstancias. El hecho públicamente fue conocido como “Masacre de Monte”.

Una cámara de seguridad y la presión de los vecinos ayudaron a esclarecer el hecho. En estos días, justamente, se realizó el juicio por jurados a cuatro policías sindicados como los autores materiales del hecho. Algo que destacar: esperaron el proceso en prisión preventiva, un instituto del que suele abusarse cuando no corresponde y que, generalmente, es omitido cuando sí se cumplen las causales que establece la ley.

Fuera de este proceso, y a la espera de fecha para otro debate público, quedaron veinte efectivos más, imputados por delitos de encubrimiento, falsedad ideológica de instrumento público y abuso de autoridad.

Volviendo al análisis, retrotraigámonos al momento del hecho. Patricia Bullrich era ministra de Seguridad de la Nación y Cristian Ritondo, su par en la provincia. No podemos escindir lo que sucedió del contexto político: según calcula CORREPI, el gobierno de Cambiemos dejó el saldo de una muerte a manos de fuerzas del Estado cada 19 horas. La policía del cuidado.

Su paso por la gestión es recordado por hits como la Doctrina Chocobar y la inmiscusión del Ejecutivo en casos de gravedad institucional, como el de Santiago Maldonado. Tampoco significa que, cambio de gobierno mediante, la situación sea sensiblemente mejor. Aunque con la llegada de Sabina Frederic a la cartera de Seguridad en el inicio la actual gestión se desarticularon algunos protocolos y se ensayaron algunas decisiones, su paso por el ministerio -cuarentena por medio- fue breve y su reemplazo no marcó continuidades al respecto. Al contrario, la gestión Frederic quedó rodeada por los ministerios de Bullrich y Aníbal Fernández.

Surge claramente, entonces, que en aquel momento los efectivos policiales contaban con aval político y con rúbrica institucional. Por esa razón, es más atinado entender este juicio como un caso testigo, y no como un punto de llegada a un estado mejor de cosas, sea cual fuere el veredicto.

Por supuesto que una sentencia favorable ayudará a amortiguar el dolor de las familias, que sufrieron pérdidas que son irreparables, así como también aliviará a Rocío. Sin embargo, debemos también tener en cuenta que los hechos de este tipo son más frecuentes de lo que imaginamos, llegando incluso a comunidades pequeñas (obsérvense también el asesinato de Daiana Abregú en Laprida y la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro en Pedro Luro). Observar y tratar de manera aislada cada uno de estos casos impediría ver el bosque atrás del árbol.