“Se archivó la denuncia por la tenencia de Panchita por inexistencia de delito”, según informaron los abogados de la familia Sallago

Consideran que “Panchita nunca debió ser secuestrada” y que “debe volver con la familia que la crió o, si no, ir a un lugar adecuado”. Duras críticas al lugar donde actualmente se encuentra la mona carayá.

Presentó novedades la causa por la tenencia de la mona carayá Panchita, criada durante casi veinte años por la familia Sallago de Carhué. Según informó su patrocinio letrado -a cargo de los abogados María José Martelli, Giselle Mendoza, Mario Buezas y Gustavo Cazenave- la causa fue archivada por el Juzgado Federal de Pehuajó, por inexistencia de delito.

“Esto significa que no existió delito en el proceder de la familia, por lo que la causa de Panchita vuelve a fojas cero”, explicaron mediante una nota y evaluaron que “Panchita nunca debió ser secuestrada, ni llevada intempestivamente a dónde fue llevada”.

En este sentido, califican a la orden judicial como “desmedida, inexplicable”. “Se llevó a Panchita a un hábitat no apto para ejemplares de su especie. Un lugar en el cual, por ejemplo, en invierno nieva. Un lugar que no contaría con la más mínima documentación, según un informe de auditoría presentado en la misma causa penal”, enfatizaron.

A continuación, sostuvieron que se trata de “un lugar que no estaría cumpliendo con lo requerido por la Resolución 170/21 del Ministerio de Medio Ambiente de Nación. Los llamados “santuarios” o “reservas” deben cumplir con una serie de condiciones para poder funcionar. Una de ellas, es el estar incluidas en un registro habilitado por dicho Ministerio. Pues bien, este lugar no forma parte de ese Registro, tal y como informa el propio Ministerio”.

Agregaron también que el traslado interjurisdiccional, es decir, entre provincias, no es posible “si el lugar de destino no cuenta con habilitación nacional y forma parte de ese Registro. Este lugar, por todos conocido y en donde hoy está Panchita, no cuenta con ninguna de ambos requisitos”.

Por estas razones, desde la defensa de la familia señalaron que presentaron ante el Juez de la causa y ante la Cámara en la que tramita el recurso de amparo una serie de cuestiones, tales y como el hecho nuevo, la inconsistencia documental vinculada con la personería jurídica, el temor por el estado de salud de Panchita y “las amenazas veladas por quienes dirigen dicho lugar”.

“Panchita debe volver con la familia que la crió”

En el siguiente tramo del documento que llegó a esta redacción, los abogados sostienen que “Panchita debe volver con la familia que la crió durante casi dos décadas, o si no, debe ir a un lugar adecuado, para pasar sus últimos días”.

“Y es necesario, imprescindible, que la autoridad nacional ponga el ojo sobre estos lugares que “se venden” como santuarios, o lugares en los cuales se protegen a las especies, y que en realidad son organizaciones con fines de lucro, con un objeto distinto al que dicen defender, o que en el fondo son proyectos inmobiliarios, que usan a los primates como excusa para poder justificar la posesión de un inmueble, ya que esas “organizaciones”, que tienen un nombre para el afuera, para lo publicitario, y otro como nombre oficial como asociación, parecen más “testaferros” que otra cosa”, apuntaron duramente.

Y prosiguieron: “Lugares que no tienen la personería jurídica vigente, que no tienen registro acabado de los animales, que no cuentan con un plan zootécnico adecuado. Lugares, en definitiva, que son un peligro para las especies. Peor aún: funcionan como “criaderos” sin estar habilitados como tal. Y la pregunta, en estos casos, se impone: ¿Dónde van los fondos de tantos ciudadanos bien intencionados, que donan para lo que suponen “es el primer y único centro de primates en Argentina”? ¿Eso es tan así? ¿Quién hace conservación, preservación y quién un negocio? ¿Quiénes defienden la fauna y quienes su cuenta bancaria?”.

“La realidad es que hoy seguimos luchando para que la injusticia cometida con Panchita se remedie. Ella merece vivir sus últimos años en un sitio adecuado, no en uno en el que la Administración Pública decidió, sin atender a las más mínimas razones etológicas, zoológicas y peor aún, yendo en contra de la normativa por ellos mismos sancionada”, finalizaron los abogados de la familia.