“Pagarle menos a los y las docentes: una política de Estado”

(Nota de opinión difundida por Docentes Autoconvocados/as de Adolfo Alsina)

Llega el mes de marzo y, como todos los años, recorre las escuelas un repetido lamento: ¿cuánto más piensan bajarnos el sueldo a los maestros/as?

 A cada ministro de economía de cada gobierno se le ocurre al asumir la “brillante idea” de recortar los fondos educativos; empobreciendo cada vez más un sistema que diariamente recibe, enseña y promueve aprendizajes de millones de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos/as de nuestro país.

 Como educadores/as, no queremos acostumbrarnos a esta mala costumbre de los gobiernos, ni queremos que nuestro pueblo acepte con resignación ese cuento de que “no hay alternativa”.

 Para el presidente Milei, que los docentes argentinos/as no lleguemos a fin de mes “es un problema de los gobernadores de cada provincia”.

 Desconociendo la Ley de Financiamiento Educativo, decidió quedarse con los fondos destinados a pagar el Incentivo Docente y Conectividad, montos que representan alrededor de un 10% del salario de una maestra bonaerense que recién inicia.

 ¿Será que las empobrecidas maestras de escuela, a pesar de cobrar por cargo poco más que media canasta básica familiar, somos parte de “la casta privilegiada” que el gobierno nacional se comprometió a ajustar?

 A pesar del recorte que significa dejar de contar con las mencionadas transferencias nacionales, la propuesta salarial hecha por el gobernador Kicillof fue aceptada por los gremios docentes bonaerenses.

 Como si fueran voceros del gobierno provincial en lugar de nuestros representantes gremiales, nos explican: “se trata de un aumento del 20% en febrero, luego de un 25% en enero, ¿qué más podemos pretender en este contexto? Además en marzo nos volvemos a reunir”.

 ¿Por qué, si nos dicen que “tomando de base el salario de diciembre 2023 el aumento es del 45%”, nosotros/as denunciamos una rebaja salarial?

 Cualquier trabajador/a argentino/a entiende a esta altura que no podemos hablar de “aumento de sueldo” sin tener en cuenta también cuánto aumentan los precios de todo lo que necesitamos para vivir: alimentos, medicinas, alquileres, servicios, etc.

 Nos están diciendo que tendremos más billetes en nuestros bolsillos, pero no nos están diciendo que con esos billetes nos alcanzará para comprar bastante menos que hace apenas un año atrás.

 Veámoslo con un ejemplo.

 A inicios del 2023, una maestra de grado que recién inicia cobró por un cargo $115.000. En diciembre, por el mismo cargo, le pagaron $265.000: un 130% de “aumento”.

 ¡Pero la inflación del año fue del 211%! Sólo para empardarla y seguir ganando lo que ganaba, hubiera necesitado cobrar $93.000 más; un 35% de aumento sobre la base de diciembre mismo.

 Resulta que Kicillof da por perdido eso, y comienza a dar “aumentos” (ese 45%) partiendo del salario ya muy recortado de diciembre 2023.

 Pero es más grave aún, porque ese 45% no es del salario que realmente percibimos: ese porcentaje no considera los fondos nacionales, que según anunciaron ni Nación ni la provincia nos lo piensan pagar.

 Excluyendo esos montos, en este caso, el aumento real que percibirá la maestra (para alcanzar los $355 mil acordados) será del 34%: ¡lo que debería haber cobrado en diciembre para no perder contra la inflación!

 Conclusión: recién los primeros días de marzo estaremos cobrando lo que nos correspondía cobrar los primeros días de enero.

 La inflación de enero y febrero, altísimas, representan íntegramente un recorte salarial, puesto que aumentaron los precios quedando muy retrasados nuestros ingresos.

 Cualquier docente puede replicar estas cuentas en sus recibos de sueldo, y los porcentajes no serán muy diferentes.

 Por lo tanto, lo que estamos reclamando es de lo más razonable:

 -Que, si aumentan los precios, aumenten automáticamente nuestros sueldos en igual proporción;

 -Que ningún/a docente perciba por cargo un ingreso de pobreza, que gane como mínimo lo que necesita con su familia para vivir: $596.000 según el último dato disponible del INDEC (enero 2024).

 Existen además otro conjunto de temas necesarios de resolver:

 -Que nuestra obra social (IOMA) garantice el acceso a medicamentos y tratamientos, muchos de los cuales no pueden esperar;

 -Que las jubilaciones de quienes ya cumplen con todos los requisitos no demoren más de dos años en concretarse; e integren al básico las sumas “en negro” de manera que las consideren al momento de calcular los ingresos jubilatorios;

 -Que el presupuesto para comedores y transporte escolar no sean parte del ajuste;

 -Que financien las obras necesarias y no dejen sin terminar las que iniciaron.

 ¿Qué estaríamos enseñando si aceptamos que nuestro trabajo docente “vale cada vez menos”, si no reclamamos por condiciones dignas para que en nuestras escuelas todos/as puedan estudiar?  

 Como educadores/as, no es nuestra vocación la de resignarnos y mantenernos en silencio frente a las injusticias de los sucesivos gobiernos.

 No esperen que nos acostumbremos a la miseria planificada, al malestar permanente y al desprecio con el que tratan a las mayorías trabajadoras.  En cambio, cuenten con nosotros/as a la hora de manifestarse por ingresos que nos permitan vivir con dignidad a todos los/as docentes y a todas las familias trabajadoras de nuestro país.