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Violaciones: qué implica que Bahía esté al tope de las denuncias en la provincia

El dato puede aparentar negativo, aunque hay distintas variables para analizar. De todas maneras, una experta en el tema cuestionó las demoras procesales que impiden la protección de las víctimas.

Una estadística que se advierte a primera vista como negativa repercute en el Departamento Judicial Bahía Blanca, que figura como la jurisdicción bonaerense con la mayor tasa de denuncias por violaciones y en cuarto lugar sobre la cantidad total de abusos sexuales genéricos, según la Procuración.

La problemática adquiere real dimensión y preocupa si se tiene en cuenta que, en promedio, 8 de cada 10 de esas denuncias corresponden a agresiones contra la integridad sexual de niñas y niños, el grupo social más vulnerable.

Estos sometimientos en perjuicio de menores se cometen, en gran medida, de manera intrafamiliar y sin la presencia de testigos, por lo tanto la declaración de la víctima tiene relevancia sustancial a la hora de condenar o absolver al acusado.

 Uno de los principales factores que atenta contra la eficiente administración de justicia en este punto son las demoras en las investigaciones, a cargo de las fiscalías especializadas en la temática.

 La abogada tucumana Colomba Nasca, presidenta de la fundación Pañuelos Amarillos, que lucha por los derechos de niñas, niños y adolescentes, planteó la existencia de una fuerte “contradicción” entre el deber de tutela del Estado para con los menores abusados y las dilaciones en estos procesos judiciales.

La especialista analizó los retrasos como una problemática generalizada en nuestro país.

La organización que creó en 2018 presentó una “denuncia internacional” a raíz de la instrucción “sin celeridad” de casi 2.000 causas por este delito.

“No se las atiende en un plazo breve, sobre todo teniendo en cuenta que la víctima, es decir la persona que debe ser protegida, es un niño”, expresó Nasca.

“No hablamos de un adulto que puede razonar y comprender, sino de un niño que va a la escuela, a la plaza, que quiere salir e ir a los cumpleaños y tiene que vivir una situación de persecución por parte de sus agresores”, agregó.

A su entender, el problema radica en que el menor atacado sexualmente no recibe la debida protección por parte de la Justicia.

“Más allá de la investigación y que los tribunales hacen prevalecer el principio de libertad del imputado, contemplado en las reglas de (la Corte internacional de) La Haya, hay situaciones en las cuales la víctima no tiene cámara Gesell”, resaltó.

Como ejemplo se refirió al caso de la nena presuntamente violada por su padre en Stroeder, en 2021, y que a un año del supuesto hecho todavía no pudo declarar mediante el mecanismo mencionado.

“Esperan que la nena se olvide de lo que le sucedió o se bloqueé y no lo pueda contar. La cámara Gesell se tendría que haber realizado a los 30 días (del abuso), pero en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires dan cámara Gesell para dentro de un año y medio”, aseguró.

“Durante ese tiempo algunos aconsejan que la víctima no reciba tratamiento psicológico porque le van a contaminar el lenguaje, por lo tanto hay una contradicción. Pero principalmente no se hace prevalecer lo que establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño: el interés superior del niño”.

“En sus artículos 3 y 4 le impone obligaciones al Estado, que debe proteger al niño y velar por su interés superior. La cámara Gesell queda grabada y es inmediata, por eso el o la fiscal de la causa no tiene mucho más que investigar”, continuó la penalista.

 Si el acusador no cuenta con los recursos necesarios para llevar adelante la Investigación Penal Preparatoria (IPP), por caso un equipo de psicólogos, “debería reclamarlos” ante el Poder Judicial, según opinó Nasca.

“Qué podemos esperar del futuro de estos niños si no tienen acceso a la justicia. Es un sector de la población de extrema vulnerabilidad que no está recibiendo la rehabilitación adecuada”, destacó.

“El abuso sexual de un padre contra su hijo es equiparable a la esclavitud sexual”, sostuvo.

Revictimización

Al no acelerarse el proceso penal vinculado con el delito en cuestión, los acusados y sus familiares -indicó- suelen impulsar juicios a la contraparte en el fuero de Familia.

“Entonces, además de que la madre de la víctima recibe una denuncia penal en su contra, tiene que contratar un abogado para afrontar juicios civiles o de alimentos o revinculaciones, que implican someter al niño nuevamente”, dijo Nasca.

“Revincularlo por ejemplo con sus abuelos es un delito de lesa humanidad, porque el niño no tiene por qué estar padeciendo, más allá de que sus abuelos sean inocentes y lo quieran ver.

“Pero ellos nunca van a estar del lado de la víctima sino del abusador, es decir de su hijo, entonces se crea una gran contradicción en la que los jueces de Familia sostienen opiniones que no son acordes con la realidad”, acotó.

“Cómo los abuelos van a generar un vínculo con la víctima si no están de su parte; cómo puede ser que los jueces de Familia no se den cuenta de eso. En esos casos el interés superior del niño no está protegido”, completó.

La profesional trazó un paralelismo entre el delito de abuso sexual y la drogadicción.

“Hasta hace unos años no había centros para las adicciones y nadie hablaba de este flagelo. Con el abuso sexual sucede lo mismo porque es un tema tabú del que no se habla para resguardar la intimidad del niño”.

“De hecho, el abuso sexual fue declarado un delito de instancia pública recién en 2019. Antes era de instancia privada, por eso si los papás no querían, no denunciaban”, aclaró.

La instancia privada generó que «durante mucho tiempo» se haya producido un “silencio, naturalización y normalización” del abuso sexual, de acuerdo con la reflexión de la informante.

“Recién ahora se inició este cambio social de pedir una condena justa, acceder a un proceso judicial y que los jueces tengan perspectiva de género, porque la mayoría de las víctimas son niñas y el 85% de los abusadores son varones”, enfatizó la fundadora de Pañuelos Amarillos.

“Se reclama por cuestiones normales en cualquier sociedad que proteja a sus niños, que van a ser los hombres y las mujeres del mañana”.

Para Nasca esta grave problemática se podría revertir mediante la visibilización continua de los casos de abuso sexual infantil, no solo propios sino también ajenos.

“El 19 de noviembre es el día internacional de la lucha contra el abuso sexual y, por más que las madres obtengan una sentencia condenatoria, tendrían que seguir participando para que la sociedad cambie y no haya más niños víctimas, o haya los menos posibles”, afirmó.

 Según la especialista, una víctima de abuso sexual infantil «se puede recuperar» de semejante trauma, aunque «siempre quedan secuelas».

«Sobre todo una niña abusada necesita rehabilitación permanente hasta una edad bastante avanzada. No es algo que se sana de un día para el otro; es un trabajo de todo el entorno y fundamentalmente de los psicólogos», manifestó Nasca.

¿Estadística mala o buena?

Según los datos oficiales de la Procuración, en todo 2021 Bahía y su región (desde Gonzales Chaves a Patagones) reunieron 204 denuncias por violaciones sexuales, con una tasa de 31 hechos cada 100 mil habitantes, la mayor de todos los departamentos y muy por encima de la media provincial, que fue de 11 cada 100.000 personas.

En cuanto a todo tipo de delitos sexuales, nuestra jurisdicción sumó 1.006 denuncias, posicionándose en el cuarto lugar del «ranking», detrás de Dolores (190), San Martín (172) y Moreno-General Rodríguez (168).

Una rápida conclusión puede llevar a pensar que Bahía tiene más violadores que el resto, aunque una segunda lectura debe evaluar que, probablemente, en otros distritos se denuncie menos este tipo de hechos.

Llama la atención como jurisdicciones del conurbano, con mayor complejidad que la nuestra, presentan una tasa de denuncias de violaciones muchísimo más baja, como San Martín, con 3 hechos cada 100 mil personas; La matanza (4), Morón (5) o Lomas de Zamora (10). 

De la misma manera sucede en ámbitos fuertes del interior, como La Plata, con 5 denuncias cada 100 mil habitantes y Mar del Plata, que si bien es más alta (20), está lejos de nuestro departamento. 

Muchos analistas jurídicos opinan que el número de denuncias no siempre tiene directa relación con la cantidad de hechos reales.

Y en el caso de Bahía, posiblemente, la denuncia sea un recurso de más fácil acceso que en otros distritos por el fuerte trabajo articulado entre organizaciones del Estado y ONG’s que trabajan en la materia.

Hay otro dato importante a tener en cuenta: por delitos en general la Justicia procesa apenas el 10% de las denuncias que ingresan (la mayoría se archiva o, si no, se desestima), mientras que en el caso de los abusos ese índice está por encima del 30% y el nivel de condenas es notablemente superior, del orden del 90% (contra solo el 2% o el 3% en otro tipo de hechos).

«Es decir que cuanto más se investiga y se condena, más se visibiliza y se denuncia», opinó un investigador.

El origen de la fundación

El dolor como consecuencia de un abuso sexual en perjuicio de su hija, cuando era menor de edad, movilizó a Colomba para fundar Pañuelos Amarillos hace 4 años.

«Mi hija denunció (el hecho) y sufrió 7 sentencias en su contra firmadas por los jueces, entre ellas la nulidad de la cámara Gesell. Estamos en pleno proceso judicial; todavía no tuvimos el debate oral», precisó Nasca.

«La única forma de poder revertir esta situación, acompañar a mi hija y que no quede sola, fue visibilizando el abuso sexual. Así constaté que la mayoría de las mamás pasaban por lo mismo en todas partes del país y en el mundo también».

«Tenemos referentes en Italia, España, Rusia, Alemania, Polonia, Uruguay, Chile, Perú, Brasil y Paraguay, quienes participan con nosotros y tienen a su cargo la misma pelea de visibilización y concientización para que esas víctimas puedan rehabilitarse y obtengan justicia», cerró. (LaNueva)

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