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Una muerte política

Por Lautaro Peñaflor Zangara

El 26 de agosto Cristina Vázquez fue hallada sin vida en su casa, en Posadas. Su historia se hizo conocida porque fue condenada a prisión perpetua por un crimen que no cometió.

Recién el 26 de diciembre del año pasado, después de permanecer 12 años en prisión, la Corte Suprema ordenó su liberación, al igual que la de Cecilia Rojas, condenada por el mismo hecho: la muerte de una vecina. Fue gracias a la intervención de numerosas asociaciones y agrupaciones, entre ellas Pensamiento Penal.

Cristina fue condenada siguiendo estándares probatorios cuestionables y prácticamente inexistentes. Por el contrario, aunque quien cometió el crimen no fue precisamente cuidadoso, las pruebas de ADN resultaron negativas y no se encontraron sus huellas en el lugar. Explicó que no podría ser la autora porque, en el momento del hecho, se encontraba a 8 kilómetros de allí.

No obstante, fue detenida varias veces, sufrió golpes y otros tratos definibles como tortura para que confesara. Cuando definitivamente estuvo en el penal, le siguió un espiral de asuntos jurídicos y apelaciones.

“Necesitaban a alguien en la cárcel. Que alguien pague. Me condenaron por la vida que tenía, porque fumaba porro, andaba de joda, no tenía una vida tranquila. Ahora me doy cuenta que esa es una vida normal cuando tenés 18 o 19 años. Era súper pendeja, mujer y sin recursos para pagar un abogado. Fui un blanco perfecto”, contó al salir de la cárcel.

El hecho fue cubierto por la prensa acusándola desde el primer momento y constituye un peligroso el maridaje -nótese el sesgo machista de esa expresión- el de las morbosas crónicas policiales y las actuaciones judiciales por presión social.

De alguna manera, Cristina Vázquez quedó atrapada en el derecho. Aunque el sistema penal establece que la culpabilidad se construye, en su caso debieron probar minuciosa y trabajosamente cada extremo de su inocencia. Fue culpable hasta que se demostró lo contrario. En realidad, hasta que un tribunal quiso creerlo.

Pero, claro, Poder Judicial no necesariamente es justicia, y la condena de Cristina fue más moral que penal. Al salir podría reclamar al estado por los daños que le había causado y, en ese caso sí, le exigirían demostrarlo. Como si no surgieran a la vista. Como si eso le devolviera algo de lo que perdió.

Algunos teóricos de la ejecución de la pena privativa de la libertad hablan del efecto des-socializador que genera el paso por las prisiones: lo contrario al paradigma de la “resocialización” que el sistema plantea como utópico. Al salir de la cárcel, contó Cristina, uno de los primeros pasos que dio fue volver a dormir con la luz apagada, después de hacerlo con la luz encendida y con once personas más al lado de ella durante años.

¿Cómo se reinserta una persona cargando acoso, prejuicios, aislamiento y revictimización permanentemente? ¿Se trata el caso del que estamos hablando de una excepción? ¿O nos exige prestar atención a lo que sucede en ese tipo de instituciones y a su egreso, antes de llegar al extremo de una muerte por haber transcurrido años de castigo injusto?

Si no lo hacemos, ya podemos comenzar a debatir cuál será el próximo caso que se resuelva de manera similar, alimentando la visión espectacularizante de los programas de televisión, las primeras planas de los diarios y las tendencias de las redes sociales, para recién lamentarlo dentro de 15 años.

El caso de Cristina habla de nosotros como conjunto, de nosotros viviendo en sociedad, de nuestra manera de resolver conflictos. De nuestros estándares de infalibilidad. De cómo no tenemos que comportarnos. Es en este sentido que, podemos afirmar, su muerte reviste un claro carácter político y, en su memoria, tenemos que saber leerlo. (Nota de opinión para Cambio 2000)

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