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Un trop.ezón no es caída

(Por Lautaro Peñaflor Zangara)

En la entrega anterior analizamos un caso cercano vinculado con la exposición a agrotóxicos: el estudio de Acción Ambiental Baradero según el cual se evidencia que el 40% de quienes integran una comunidad educativa rural resultaron positivo en glifosato y hampa en sus muestras de orina.

La semana pasada tocamos someramente un punto en el que hoy sí nos detendremos: ¿qué pasa con las decisiones administrativas y el Poder Judicial en esta materia? Alerta de spoiler: son funcionales al modelo de agronegocios imperante.

Hace algunos días se conoció que la Corte Suprema de Estados Unidos (muy mencionada por estos días, por otra triste razón) rechazó la apelación de Bayer AG -laboratorio alemán dueño de Monsanto- buscando desestimar miles de demandas por casos de cáncer causados por el uso del glifosato Roundup.

Ahora la empresa debería pagar 25 millones de dólares para una víctima de cáncer que, dice la causa, fue provocado por este agrotóxico a lo largo de 26 años de exposición en su jardín a ese químico. De acuerdo con lo que figura en el expediente, esto le generó Linfoma No-Hodking. Dos puntos a destacar: primero, la exposición fue domiciliaria (no fue necesario que se trate de un trabajador rural cuyo contacto con la sustancia es notoriamente superior, por ejemplo) y segundo, la consecuencia para su salud fue cáncer.

Contextualizando la historia judicial del glifosato, Bayer ha sido demandado por miles de personas sólo en Estados Unidos a través de un dispositivo que aquí no está habilitado: las demandas colectivas.

De esta manera, negoció 107.000 demandas sobre un total de 138.000, para evitar que lleguen a juicio. ¿Qué significa esto? Una vez más, empleando herramientas que en Argentina no existen, la empresa y los demandantes alcanzaron un acuerdo prejudicial, que impide llegar a juicio y que el daño sea mayor. Las familias, generalmente empobrecidas y con tratamientos por enfermedades que en muchos casos impiden trabajar, aceptan estos pactos.

Según datos difundidos por los “Monsanto Papers” de la cooperativa La Vaca (basados en documentos entregados al Poder Judicial) la empresa es tan inimaginablemente poderosa que, preventivamente, ha tenido que disponer de 4.500 millones de dólares extra para enfrentar potenciales demandas. De hecho, erogó a las víctimas más de 11.000 millones de dólares en 2020 y queda por verse qué ocurre con quienes no aceptan esos acuerdos.

El caso conocido en los últimos días fue diferente: la parte actora no acordó y la Corte no aceptó la apelación. Esto sienta un precedente diferente para todas las demandas que no aceptaron la compensación previa y también para todos los casos que están por venir.

Siguiente punto a observar: ¿estamos ante una aceptación tácita de responsabilidades? Aunque la legislación sobre los acuerdos diga que no necesariamente sea así, tampoco la ley es dueña de ninguna verdad…

¿Por qué no llegan noticias así en Argentina? En principio porque, como mencionamos, nuestro sistema no habilita las demandas colectivas ni los acuerdos prejudiciales (aspecto que escapa al análisis de este artículo). Pero, además, el Poder Judicial local mostró ser lo suficientemente impermeable para que las malas noticias nunca lleguen a los poderes corporativos trasnacionales.

El nuestro es un sistema en el que las personas y los colectivos denunciantes no sólo se encuentran con incontables trabas procesales y fácticas, sino que también deben luchar incansablemente para que se otorgue un simple recurso de amparo y, ni hablar, para que el cumplimiento del mismo se controle.

Lejos estamos de considerar que la situación en el país del norte es mejor: sólo cuenta con dispositivos diferentes de los cuales, quizás, podemos observar algunos puntos interesantes. Después de todo, para Monsanto y el modelo de agronegocios, nunca un tropezón es caída.

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