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Un engranaje bien aceitado

Por Lautaro Peñaflor Zangara

Al momento de escribir este artículo, un cuerpo que podría ser el de Facundo Astudillo Castro fue encontrado en un canal ubicado en la zona de Villarino Viejo. Los abogados de la querella, con la mamá del joven al lado, dijeron textualmente: “Para esta querella no existe la más mínima posibilidad de que Facundo haya llegado hasta este lugar de forma voluntaria: o lo trajo la marea o plantaron el cuerpo”.

Mientras se esperan los resultados de la actuación del Equipo de Antropología Forense y demás peritos, la causa resulta estar debatiéndose entre los tribunales y la prensa, y no con anclaje en el “derecho a la verdad”, al que le pusieron nombre familiares de víctimas de casos con estrecha similitud al de Facundo.

Por el contrario, existe una trama que se replica con énfasis en medios lugareños y hasta nacionales, encargada de desprestigiar de manera permanente las hipótesis de la querella que, recordemos, es nada más y nada menos que la familia de Facundo. ¿Cómo es posible atreverse a discutir con tanta firmeza las inquietudes de una madre que tiene que gritar a diario, para que no olvidemos que no sabe qué pasó con su hijo?

Es que la desinformación representa algo más que el simple defecto de la información. Aparece como un sistema deliberadamente construido, que tiene causas y consecuencias. Que está atravesado y motivado por intereses.

¿Cómo se explica, sino, que algunos medios de comunicación accedan a los expedientes a los que, incluso, la familia no accede y pese al secreto de sumario? ¿Cómo pueden conocer y anticipar lo que declaró una testigo con identidad reservada? La triangulación entre policía, decisión política y poder judicial, de la que hablan muchas personas que atravesaron situaciones similares, tiene su relato asegurado.

Han desacreditado, por ejemplo, al adiestrador de perros Marcos Herrero, quien tuvo destacadas actuaciones en resonantes casos, y cuyos canes marcaron un móvil policial. Incluso su jefe de la fuerza lo llamó para advertirle que debía reincorporarse y que, caso contrario, le iniciarían una causa.

En este sentido es que el abogado de la familia, Leandro Aparicio, habla de “huellas de encubrimiento por todos lados”. Algo sabe del tema: también fue el defensor de la familia de Daniel Solano, joven desaparecido en Choele Choelel 5 de noviembre de 2011, luego de reclamar su pago como trabajador rural a una empresa tercerizada.

Recién en 2018, el 1° de agosto, siete años después, la justicia condenó a siete policías como coautores de homicidio calificado agravado por alevosía.

Hoy, con una doble sentencia y a la espera de que la Corte Suprema se expida, esos siete policías siguen cobrando su sueldo, vistiendo sus uniformes y portando sus armas. En cambio, Gualberto -el papá de Daniel- murió sin conocer la sentencia, luego de años de acampes, de huelgas de hambre, de encadenarse pidiendo saber qué pasó.

En este punto en el que impersonales debates sobre recusaciones y encubrimientos ocupan nuestro tiempo, es necesario recordar que estamos hablando de Facundo Astudillo Castro. Un chico de 22 años, oriundo de Pedro Luro, localidad del sur bonaerense con cerca de 30.000 habitantes.

Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, cuya investigación debió atravesar y todavía atraviesa mil y un avatares, se pregunta si es válido realizar diferencias temporales en relación a los gobiernos constitucionales. Es que la lógica represiva, con altos y bajos, permanece desde el retorno de la democracia.

Cambia la geografía, pasan los años, cambian los nombres, pero los mecanismos se repiten, como piezas de un engranaje bien aceitado que, saben, funcionará porque ya lo ha hecho anteriormente. Es que la impunidad no es algo que caiga del cielo: es una construcción. Y está sucediendo. (Artículo de opinión para Cambio 2000)

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