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Un cambio de herramientas

Por Maia Franceschelli

El pasado 22 de abril se conmemoró el Día Internacional de la Tierra, atravesando circunstancias excepcionales pues, continuamos inmersos en una pandemia mundial, colmada también y no menos importante, de catástrofes naturales.

Dicha conmemoración tiene sus raíces en 1960, década de importante activismo combativo en Estados Unidos. ¿Paradójicamente? se le dio origen en aquel país, que resulta ser conocido por tener gobernantes con un discurso y accionar político en desmedro y desconocimiento total del cambio climático y sus consecuencias.

Sumándose a la celebración por el Día de la Tierra, la red de organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza más grande del mundo, BirdLife International, presentó por esos días una solicitud ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para incluir un nuevo artículo en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En la misma, proponen que se asegure el derecho a vivir en un entorno natural sano, garantizado por políticas públicas regidas por la sostenibilidad. Merece preguntarnos: ¿realmente modificaría algo el simple hecho de reconocer como derecho humano el vivir en un entorno natural sano?

A modo de ejemplo podemos decir que, a nivel nacional, tener contemplado tal derecho en la Constitución no ha garantizado nada. Dicho texto, norma fundamental y superior en nuestro ordenamiento jurídico, contiene en el artículo 41 el derecho a gozar -todos los habitantes- de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, dejando en manos de las autoridades la protección del mismo.

También queda bajo cargo del Estado la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural, y de la diversidad biológica.

Con certeza, hemos estado viendo que esto no se cumple. Ni ambiente sano, menos equilibrado y, mucho menos, se llevan adelante actividades que demuestren una sostenibilidad en el uso de los recursos. La garantía constitucional no protege a todos por igual, y como siempre castiga fuertemente a los más vulnerables.

La tala indiscriminada de bosques continúa; la persecución y asesinato de los pueblos originarios también. Poblaciones rurales y comunidades aledañas son rociadas con frecuencia por agrotóxicos.  Toneladas de dióxido de carbono invaden diariamente las grandes urbes. Los megaproyectos mineros, con su eje en el extractivismo, continúan funcionando.

Desde el comienzo de la cuarentena la minería fue considerada actividad esencial, por lo tanto no ha cesado nunca, y sus consecuencias nocivas tampoco: estos proyectos son los que contaminan los ríos de los que poblaciones enteras aprovechan sus aguas; son quienes abusan del uso de los recursos dejando a muchas poblaciones en situación de completa vulnerabilidad ante la deshidratación y desnutrición que les obligan a soportar.

Volviendo a la pregunta inicial: ¿cabe depositar confianza en este instrumento jurídico internacional? Nos promete garantizar el goce de un derecho que, en este estado de cosas, en muchísimos casos, es inviable poder llevar adelante, sobre todo en aquellos sitios donde hemos agotado la capacidad regenerativa de la naturaleza.

Hasta el momento, las normas han sido legitimadoras de un accionar etnocéntrico y abusivo por parte del hombre hacia el medio natural, incluyendo en ese abuso a sus pares. Si seguimos utilizando las mismas herramientas -las que nos brindan las autoridades- siempre los beneficiados serán los poderosos. Junto con el Estado. (Nota de opinión para Cambio 2000)

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