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Un área con un hacer deficiente

Lautaro Peñaflor Zangara para CAMBIO 2000

En sólo un año los delitos informáticos crecieron un 70%. No es casual que, además, haya sido durante un año de pandemia. Es que el coronavirus, y sus consecuentes aislamientos, tienen sentido atravesados por una época y un estado de cosas.

Distinta hubiera sido esta misma pandemia si hubiera sucedido hace quince años. Así las cosas, en la tercera década del siglo XXI, el acceso a Internet y a dispositivos no es universal, pero sí está lo suficientemente generalizado como para que cada vez más capas de nuestras existencias dependan de una app.

Con el devenir informático y la digitalización a la que estamos asistiendo, impacta que la cantidad de delitos de este tipo en el último año representen la misma cantidad que durante los cinco años anteriores.

El problema es, quizás, que las distintas instancias de disuasión del delito (desde las campañas de prevención en primer término, hasta los procesos penales en el último) no avanzaron de igual manera. A pesar de que el mismo Estado exige aplicaciones para acceder a la vacunación, para realizar trámites, para cobrar haberes, para contar con cierta documentación, etcétera, las mismas instancias gubernamentales ven pasar este problema sin modificar sus estrategias.

Un relevamiento reciente explica que las reacciones de la población fluctúan entre la indignación y la resignación en esta materia. En los últimos meses las advertencias por nuevas modalidades de delito se multiplicaron y también los testimonios, incluso los cercanos. Es que el delito digital ya no distingue entre poblaciones más grandes o más pequeñas, como solía pasar con las tipificaciones tradicionales. En la era digital, todas las personas somos usuarias de tecnología y somos posibles sujetos de estafas, duplicación de identidad, robo de datos personales, engaños y demás ardides.

En Argentina existe una ley, la Ley de Protección de Datos Personales, la Nº 25.326, que resguarda a las personas para que sus datos no sean utilizados sin su consentimiento, habilita solicitar la localización de estos en bases de datos públicas y privadas, actualizarlos, borrarlos o mantenerlos confidenciales.

Sin embargo, la masificación de la digitalización requiere de medidas que alineen a todos los sectores, pero es primordial contar con programas de educación y concientización que sean gratuitos y federales.

Nuestros datos han devenido en un activo que merece ser protegido y que requiere acciones modernas por parte de aquellas instituciones que se encargan de regular la vida en sociedad. No obstante, existe un hacer deficiente en este aspecto que es notorio, incluso, respecto al Estado mismo.

Recientemente se conocieron casos de secuestros de datos, por ejemplo, al Registro Nacional de las Personas. Organizaciones criminales anónimas y difícilmente identificables se hacen, a través de ciberataques o hackeos, de los datos de millones de personas, liberan algunos de ellos para mostrar que efectivamente los tienen y piden el correspondiente rescate.

El Estado, en principio, chequea que esos datos no sean confidenciales. Si no se trata de información considerada “sensible”, en ocasiones ni siquiera actúa para recuperarlos. En medio, está toda nuestra información. Aquella que damos al presionar “aceptar” y aquella que no sabemos que tienen clasificada respecto a nosotros mismos.

“Resignación e indignación” son las reacciones más frecuentes de las personas cuando suceden los delitos informáticos, al sentirse desprotegidas en un área que llegó sin que pudiéramos procesarla o comprenderla. Sin embargo, no pueden ser las respuestas del Estado, que o deviene moderno y actúa en consecuencia, o estará cediendo parte de su poder de una manera que hace que difícilmente pueda en algún momento recuperarla.

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