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Un año con Facundo

Por Lautaro Peñaflor Zangara

El 30 de abril del año pasado Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez al costado de la Ruta 3. La última imagen que se conoce de él, es en un operativo de la Policía Bonaerense. Es lo último que se sabe con certeza.

El hecho se desencadenó en plena vigencia de la profunda cuarentena que se estableció en el país, a raíz del coronavirus. Fuera de la situación sanitaria, el aislamiento tuvo además una profunda carga represiva. Pero, seamos honestos, la Policía Bonaerense nunca necesitó de una pandemia para hacer de las suyas…

En lo concreto, transcurridos doce meses, la causa no tiene imputados. La actuación de las policías Bonaerense y Federal, de la jueza María Gabriela Marrón y del Fiscal Ulpiano Martínez están seriamente sospechadas y denunciadas por la querella.  

Existieron y existen medidas de pruebas rechazadas sin fundamento, testigos amenazados y hostigados, detenciones y allanamientos sin orden judicial, policías que declaran como testigos sin informar su condición, testigos “plantados”, producción de prueba sin control de las querellas e incumplimiento de la normativa y recomendaciones de los organismos internacionales.

Sergio Berni, a cargo del área de Seguridad bonaerense, acusó públicamente a la mamá de Facundo, incluso, mientras su hijo permanecía desaparecido. A pesar de ello, y de que Cristina mantuvo reuniones con Fernández y Kicillof en las que le aseguraron que no existiría impunidad, ni un ápice del poder del Ministro se vio afectado. ¿Cómo pueden convivir estas dos afirmaciones, una textual y otra desde lo fáctico? ¿No son un oxímoron?

Algunos medios de comunicación masiva se constituyeron en verdaderos corresponsales de la versión oficial. Realizaron y realizan exégesis acríticas de lo actuado por las policías y las fiscalías, pese a que las irregularidades son manifiestas. En este sentido, nadie puede alegar su propia torpeza.

Esta causa, como tantas otras donde las fuerzas de seguridad están sospechadas de la comisión de delitos de gravedad institucional, permite dar cuenta de las prácticas policiales habituales: “inventaron” y “plantaron” testigos, brindaron testimonios falsos, adulteraron pruebas, realizaron allanamientos ilegales, hostigaron testigos claves para que desistan de declarar, intentaron incriminar a familiares de la ex pareja de Facundo forzándolos a declarar que habían sido autores de su homicidio, amenazaron a los abogados querellantes…

Existe, también, rúbrica política y cobertura mediática a la altura. Los mecanismos de construcción de sentido son tan importantes como los mismos hechos. Nos gustaría decir que se trata de un caso excepcional pero, lamentablemente, sobran ejemplos que se repiten como si existiera un patrón.

Aquí llegamos al concepto de sistema: un conjunto de engranajes que se articulan de manera coordinada para hacer funcionar algo. En este caso, para activar la maquinaria de la impunidad.

«Debemos concluir que los esfuerzos estatales no fueron suficientes en la búsqueda de verdad y justicia por Facundo. Los niveles de articulación o connivencia judicial-policial que exhibe el caso, vienen a demostrar una vez más, que las prácticas de este tipo continúan alojadas y naturalizadas en un sistema judicial que poco contribuye a la realización de la justicia y la reparación de los daños que el mismo Estado provoca”, expresa un informe que presentó en la ocasión la Comisión Provincial por la Memoria. Lamentablemente, no hay mucho para agregar.

Hace algunos días se cumplió un año sin Facundo que es, en realidad, un año con él, porque se convirtió en símbolo de aquello que ya no podemos tolerar. (Nota de opinión para CAMBIO 2000)

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