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Si fuimos todos, no fue nadie

Lautaro Peñaflor Zangara

El año comenzó con el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa, acontecido en enero de 2020. Tres años después, vemos por televisión abierta o en redes sociales desfilar a la decena de rugbiers acusados, a los padres de la víctima, a una considerable cantidad de testigos que ofrecen su punto de vista al Tribunal y a los equipos de abogados de las partes, entre otros actores del proceso.

El caso Báez Sosa, por la innegable brutalidad exhibida hasta el punto de lo viral, hizo evidente una situación más cotidiana de lo que parece: un grupo de personas simbólicamente blancas, de buena posición económica, heterosexuales y perfectamente integradas a la sociedad se erige con la creencia de impunidad necesaria como para asesinar brutalmente a golpes a otra persona, a la cual leen como inferior.

“Negro de mierda” es la expresión que surge de distintos testimonios en las audiencias del juicio. ¿Cuántas veces a la semana escuchamos que alguien enuncia ofensivamente esas palabras para referirse a otra persona?

Estamos acostumbrados a dejar pasar por al lado nuestro situaciones violentas de manera permanente. Podríamos hipotetizar acerca de cuán propio del sistema es estructurar jerárquicamente a la sociedad, al punto que siempre existe alguien inferior. Sin embargo, aquí tenemos que preguntarnos qué sucede si el violento reúne todas las características que dan validación en el imaginario colectivo.

El sentido común no duda en señalar de manera acusatoria episodios que pueden ser caracterizados como violentos cuando suceden en los barrios populares, pero no en otros contextos. ¿Es aislado el caso de los rugbiers o son situaciones que dejamos pasar porque no nos impactan directa y morbosamente en la cara, al punto de que el influencer del momento pretendió hacer una colecta al respecto? ¿Escandaliza únicamente cuando es tan evidente como el hecho de que diez personas matan a otra y lo vemos prácticamente en directo?

Hasta aquí podemos resumir que, si únicamente analizamos las estructuras sociales, estaríamos siendo concesivos con los autores de un asesinato cuya resolución judicial tiene pendiente a todo un país. Si fuimos todos, en definitiva, no fue nadie. Y aquí hubo autores, coautores, partícipes y encubridores identificables.

Los acusados, personas que pertenecen a las categorías mencionadas anteriormente, escapan de los principios de la selectividad. No son, precisamente, víctimas del sistema. No es por ellos por quienes debe comenzar la reflexión acerca del sistema penal del cual, considero, existen incontables aspectos para repensar, comenzando por analizar por qué y para qué apareció.

Resulta llamativa la estrategia de acudir al denominado “garantismo” justamente en este caso. La ausencia de garantías procesales es el arma predilecta de la selectividad penal en Argentina. Es, junto con un Estado que cuenta con policías prácticamente incontrolables, una de las razones por las cuales las prisiones están sobrepobladas de personas pobres, muchas de ellas jóvenes, acusadas -porque en gran parte no tienen condena- de cometer delitos contra la propiedad, en su mayoría, hurtos.

En Argentina la condena de prisión perpetua, desde 2004, está cuantificada en los 50 años sin la posibilidad de libertad condicional ni salidas transitorias. El sistema punitivo, que tiene como objetivo el control social, encuentra en este caso una excepción. No está pensado para personas como Máximo Thomsen, Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz, Matías Benicelli, Enzo Comell y Blas Cinalli.

Lo que no podemos dejar pasar es que los asesinos, en este caso, son personas perfectamente integradas a nuestra sociedad, y a los cuales el imaginario colectivo suele validar. Esa validación es lo que traicionaron los rugbiers.

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