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Retroceso perpetuado

Por Maia Franceschelli

Hace menos de un mes que transitamos el gobierno de la fórmula ganadora en octubre Fernández-Fernández y, como se avecinaba, su accionar en materia medioambiental -a priori- poco difiere del anterior jefe de estado.

En el transcurso de estos días, se dio a conocer un proyecto para modificar lo establecido en materia legislativa en la provincia de Mendoza en lo atinente a la ya mencionada voraz minería.

A viva voz, el presidente de la Nación, reunido con la Asociación Empresaria Argentina, aseguró que en materia económica pretende crear un Estado que equilibre las desigualdades de los mercados y que dé garantías a los que invierten, siendo Vaca Muerta algo primordial.

“En Mendoza lograremos que salga una ley para que se involucre en la explotación minera y en Chubut hemos logrado que en la zona de la meseta podamos explotar oro y plata”, aseguró.

Desde el año 2007 en la provincia cuyana rige la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas como el cianuro en los procesos mineros, a los efectos de garantizar el resguardo de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso más importante para todos los seres vivos: el hídrico.

La reforma de dicha ley buscaba flexibilizar las sustancias que se podrán utilizar y su composición, habilitando de este modo la contaminación de las aguas, entre otras catástrofes. Y, como si fuera poco, la modificación elimina el control legislativo vigente sobre futuros proyectos mineros.

Mendoza se asienta sobre una tierra desértica, por lo que la obtención de agua, así como su uso y acceso, es una lucha constante en la provincia, que lleva más de 10 años de crisis hídrica. La contaminación de la cabeza de cuenca, que comprende a ríos y acuíferos, compartidos por varios departamentos, hará que se propague y afecte diversas zonas.

Desconociendo no sólo la importancia de la preservación de este menester e insustituible recurso, también se desatienden principios fundamentales en materia jurídica medioambiental como lo es el de “no regresión”, que implica que la normativa y la jurisprudencia no deberían ser revisadas si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad.

Del mismo modo afecta al principio de “progresividad” mediante el cual se busca la evolución sostenida de la normativa a través de medidas sucesivas y continuas cada vez más favorables, y con ello asegurar las condiciones ambientales más aptas para las generaciones presentes y futuras.

Con un parlamento doblemente vallado y cortes de rutas para impedir la llegada de los pueblos afectados, finalmente se llevó a cabo la sesión legislativa el pasado 20 de diciembre que, con 36 votos a favor, 11 en contra y una abstención, aniquiló la protección del agua.

Para Marcelo Giraud, geógrafo y representante de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura, la medida “produce un rechazo profundo de las asambleas, de los movimientos, organizaciones medioambientales y de gran parte de la comunidad científico académica”, señalando además que “no hubo debate serio y profundo”, argumentando que varios diputados terminarían votando a favor por pura obediencia partidaria.

Con un corte total e indefinido de la ruta 40, el pueblo mendocino reclama con bronca este avasallamiento a los derechos fundamentales protegidos constitucionalmente. Asimismo, por estos días, será el turno también de los pobladores chubutenses, otra vez, en guerra por el agua. (Artículo de opinión para Cambio 2000).-

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