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Responsabilidad profesional

Por Maia Franceschelli

En la edición anterior llevamos a cabo un análisis del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, donde desarmamos su articulado con el objetivo de visibilizar el trasfondo de la legalidad y lo que ello significa.

Allí, pudimos desentrañar varias cuestiones, entre ellas, la situación de las personas gestantes menores de 13 años. El proyecto propone que para practicar el aborto en estos casos, no alcanza con el consentimiento informado de la persona gestante sino que requiere además la asistencia de al menos un progenitor o representante legal. En otras palabras, es decisión del adulto.

Además, se permitiría la interrupción del embarazo sin límite de tiempo si el mismo hubiere sido producto de una violación. Pero, ¿qué ocurre si ambos casos confluyen?

El embarazo, el parto, el nacimiento del primer/a hijo/a, son acontecimientos vanagloriados por la sociedad actual. Las personas que desean gestar, quieren, sin lugar a dudas, que esos momentos sean memorables.

Bajo esta consideración, destacamos un par de noticias que han alcanzado relevancia en algunos medios nacionales: en Corrientes, a principios del mes pasado, una persona de 10 años fue abusada sexualmente por la pareja de su progenitora; no solo eso, sino que además fue forzada a llevar adelante el embarazo, concluyendo este con una cesárea en el Hospital materno infantil Eloisa Torrent de Vidal.

A fines del mismo mes, en Rosario, otra persona de 12 años atravesó un parto prematuro en el Hospital Centenario. El abuso, se sospecha, posiblemente también haya sido perpetuado por alguien del círculo íntimo familiar.

Estas situaciones tortuosas no son hechos aislados. Según el colectivo Socorristas en Red, en nuestro país, cada 3 horas una niña de 10 a 14 años es obligada a gestar, parir y criar.

Frente a esto, creemos importante subrayar algunas cosas: tal como está dispuesta la redacción, la decisión de abortar no dependería de la persona gestante, sino del adulto; la responsabilidad por el horrible sometimiento al que se les induce a estas personas menores corresponde no solo a quienes las tienen a su cargo, sino también a los profesionales de la salud.

Las alternativas son dos, o bien se procede a la interrupción del embarazo, independientemente de la decisión de la persona gestante, o, se la fuerza a llevarlo adelante. En ambos casos, la resolución de la cuestión estará en manos del mismo protagonista: el obstetra. Y es así como la violencia obstétrica entra en juego.

¿Qué es la violencia obstétrica? Según el sitio web del gobierno “es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”.

La Corte Suprema de la Nación, plantea en el Fallo F.A.L. que las/los profesionales de la salud podrán ser responsables penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de su profesión cuando, de forma injustificada, no constaten la existencia de alguna de las causales previstas en el Código Penal para la realización de una ILE (Interrupción Legal del Embarazo), realicen maniobras dilatorias durante el proceso, suministren información falsa, incumplan el deber de secreto profesional y el deber de confidencialidad o cuando prevalezca en ellos una negativa injustificada a practicar el aborto.

También, la Ley Nacional 25.929 garantiza, entre otras cosas, el derecho a un parto normal, que respete los tiempos de la persona gestante; el derecho a que no te discriminen; a que se respete la intimidad; a ser considerada, respecto del proceso de nacimiento, como una persona sana, de modo que se facilite la participación como protagonista del parto.

Pese a esto, la violencia obstétrica existe, hoy, en muchos de los partos que acontecen a diario. ¿Qué ocurrirá cuando esos mismos obstetras tengan que realizar un aborto? (Nota de opinión para CAMBIO 2000)

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