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Relato de un desastre

Por Lautaro Peñaflor Zangara

Mercedes es una ciudad bonaerense ubicada a 469 kilómetros de Carhué y a menos de 100 de la Ciudad de Buenos Aires. En esa localidad, no tan lejana, en la madrugada del 27 de septiembre tuvo lugar una terrible explosión. No fue un accidente cualquiera.

Una planta de la firma Sigma Agro explotó, dejando como saldo un muerto y varios heridos.  Pero no sólo eso, sino que también abrió debates en la comunidad acerca de qué tareas realiza la empresa, sus habilitaciones, las condiciones laborales de los empleados y el pasivo socioambiental que genera su presencia.

Sigma produce agrotóxicos (o agroquímicos, como les gusta llamarlos desde la marca).  Específicamente, se destaca por la producción del herbicida Paraquat y de glifosato. La utilización de la primera sustancia, quizás menos conocida que la segunda, se encuentra prohibida en la Unión Europea. Además, la empresa está habilitada sólo para fabricar pastillas de cloro.

¿Por qué se generó el desastre? Aun siendo uno de los incendios más grandes de los que  tengan memoria los habitantes, hasta el día de hoy no hay respuestas claras del municipio, de la empresa ni del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS), autoridad ambiental bonaerense.

Nos referimos previamente respecto a lo dañina que resulta la exposición a agroquímicos para los trabajadores que los manipulan, o para aquellas poblaciones cercanas a los lugares donde fumigan. Casos de estas características podemos hallar en la gran mayoría de las poblaciones cuya economía depende de las actividades rurales, entre ellas, las de nuestra región: Pigüé y Coronel Suárez son lugares donde activistas denuncian situaciones así.

En Mercedes, Sigma está ubicada a 300 metros de una escuela y su caso es aún peor: explotó una planta con sustancias tóxicas que quedaron en la atmósfera de la que respiran miles de personas.  Muchos desechos, asimismo, han arrojados a los suelos o a los ríos, perforando la tierra y volviendo imposible dimensionar las consecuencias de envenenar tierra, aire y agua.

¿Por qué no se habló de este tema en los medios de comunicación hegemónica? ¿Por qué funcionarios de mayor rango no brindan respuestas?

Las ganancias de la empresa ascienden, según cálculos extraoficiales basados en una liquidación de la empresa a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a 25 millones de pesos diarios sólo por el Paraquat, y 12 millones por glifosato.

No obstante, los trabajadores deben cumplir jornadas de hasta 14 horas, sin estar debidamente registrados, con precarias condiciones de seguridad (en videos que circulan pueden verse bidones derramando con cables al lado) y, según sus propios relatos, debiendo soportar malos tratos.

Los ingresos al hospital dicen “gripe y alergia”, pese a que hubo personas con quemaduras de segundo grado, otras que perdieron la vista y una víctima fatal. El silencio es cómplice y perpetúa este modo de actuar.

A pesar de todo esto, la empresa planea volver a operar dentro de algunos meses sin realizar estudios de impacto ambiental y, aunque se realizaran, el Parquat tarda en escurrir, de manera que sus consecuencias no se plasmarían. Son inciertos sus efectos sobre la población. Estudios privados hablan de la presencia de 50 miligramos de glifosato y 146 miligramos de glufosinato por litro de agua.

“Les resulta más barato pagar las consecuencias que hacerlo bien”, resume un operario a Revista Cítrica y acierta con precisión en su diagnóstico. En una coyuntura que no valora lo suficiente los recursos naturales, la calidad de vida y la armonía del ambiente, pero sí valora el dinero, probablemente esa sea la vía para que este tipo de desastres sean menos convenientes y así, de una vez por todas, poder pensar en una cosmovisión menos rapaz y destructiva. (Nota de opinión de Lautaro Peñaflor Zangara para Cambio 2000)

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