|  

¿Qué democracia?

Por Lautaro Peñaflor Zangara

Anteriormente hemos hecho referencia al proceso que está atravesando Chubut respecto a la megaminería. Por un lado está la intención manifiesta del gobierno provincial, con apoyo del gobierno nacional, de instalar proyectos extractivos; y por el otro lado, la resistencia popular que, de manera asamblearia, no sólo resiste sino también busca las adhesiones necesarias para que la legislatura trate una ley prohibiéndolos.

Dentro de las últimas novedades al respecto, el cuerpo legislativo de Chubut canceló la convocatoria a sesión extraordinaria prevista para debatir el proyecto de zonificación, que habilita la explotación minera en esta provincia.

La iniciativa, impulsada por el gobernador Mariano Arcioni, pretendía lograr la mayoría en la Cámara de Diputados y abrir esta actividad productiva en los departamentos de Telsen y Gastre, en la meseta central de Chubut.

Es, indudablemente, un pequeño-gran logro de las asambleas aunque, claro, no significa que el gobierno ni las empresas hayan renunciado a sus intereses. Pero, más allá de este caso en particular, hoy retomaremos el análisis en el punto en el que lo dejamos la última vez: la contradicción existente entre un estilo democrático de gobierno y la intención de sancionar una ley con una provincia movilizada en contra.

Porque, recordemos y tengamos permanentemente presente, que en 2003 el 81% de los chubutenses le dijo “no” a la megaminería, a través de un plebiscito.

Es precisamente en el carácter asambleario, participativo y performático de la voluntad plural, donde reside una manera más pura de entender lo colectivo, desde la horizontalidad y la autogestión por un objetivo.

Probablemente les quita peso el hecho de tratarse de asambleas atomizadas que, si bien conforman redes, se dedican exclusivamente a sus consignas, ya que en ellas a las personas las moviliza la finalidad, pero no es una actividad rentable como sí lo es la política como oficio. Tampoco es la intención que lo sea.

Se caracterizan también por las medidas de acción directa. Protestas, volanteadas, campañas para juntar firmas, manifestaciones o intervenciones. Muchas veces, esto les vale la represión, además de que suelen ser sujetos criminalizados y perseguidos por las policías, brazos de fuera de los Estados.  Una vez más: ¿dónde reside la democracia?

A la hora de autorizar proyectos mineros, ni siquiera importa la legalidad. Este tipo de emprendimientos suelen buscar instalarse cerca de los cursos de agua, a la que contaminan y agotan, también lugares ancestralmente valorados y ocupados por pueblos originarios. Pese a existir mandato constitucional respecto a la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios, respetando el derecho a la autodeterminación de las comunidades que en todos los casos conocidos se han manifestado reiteradamente en contra de la megaminería.

No obstante, y pese a que un factor en común que las une es la situación desfavorable frente a los poderes que enfrentan, las asambleas han tenido importantes logros. Es más, es probable que hayan sido la única forma en que ciertos proyectos extractivos, por ejemplo, hayan tenido que dar marcha atrás.

Así quedó demostrado en Mendoza. Como se vio en las masivas manifestaciones de diciembre de 2019, la cuestión atravesó la sociedad de forma masiva y diversa. Organizaciones socioambientales, sindicales y productivas, junto a comunidades indígenas y ciudadanos de distintos puntos de la provincia, intercambiaron información y estrategias en pos de esa resistencia. De esta manera, después de 10 días de cortes de ruta y marchas, el pueblo mendocino logró que no se modificara una ley que prohíbe el uso de cianuro, mercurio y otras sustancias, que se buscaba adaptar a medida de las mineras. Estos procesos nos exigen mirar más allá y cuestionarnos a qué le llamamos democracia y qué características le asignamos.

Según la literatura clásica de la ciencia política, entre los poderes de un Estado existe un sistema de equilibrio y contralores mutuos, para evitar la concentración y las arbitrariedades. ¿Qué pasa cuando los que desequilibran la balanza son poderes no institucionalizados? ¿Qué pasa si el poder político y el poder económico no se contrapesan, sino que avanzan en una línea impopular, avasallando libertades y omitiendo el interés plural?

¿Qué es más “democrático”: un grupo de personas de traje poniéndose de acuerdo o una asamblea autogestionada negándose a una política que perciben destructiva? ¿Qué es más democrático: un proyecto gestado desde el poder o una iniciativa popular, cuyo apoyo estuvo construido firma a firma?

La democracia como farsa existe cada vez que el poder político se camufla para defender intereses impopulares. Esta semana fue visible el caso de Chubut. Mañana puede tocarnos a nosotros. (Artículo de opinión para Cambio 2000)

Categorías