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Hay dos relevamientos que son basales para comprender las consecuencias últimas y más visibles del poder represivo del Estado. Uno es el informe anual que emite CORREPI, según el cual en 2021 una persona murió cada 17 horas en manos de fuerzas estatales.
El segundo es el documento llamado “El sistema de crueldad”, que elabora la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), cuya edición número 16 se presentó hace algunos días con algunos datos que merecen nuestra atención.
En principio, este texto presenta un diagnóstico del sistema penal en la provincia de Buenos Aires, con datos de 2021. Para su redacción, la CPM realizó 456 inspecciones, 40.599 entrevistas con personas detenidas o familiares, 25.562 presentaciones de habeas corpus y acciones individuales y 199 habeas corpus colectivos.
Las conclusiones son elocuentes pero, debemos decir, a esta altura no sorprenden. Desde que la Comisión se inmiscuyó en la realización de la publicación hasta el momento, la situación no mejoró. En igual sentido, los informes de CORREPI marcan que desde la recuperación de la democracia -en 1983- los casos represivos siempre tendieron a crecer, con curvas más o menos inclinadas, según la época. El macrismo y la cuarentena estricta, justamente, presentan picos.
Retomando los datos de 2021, la CPM reportó un estado de cosas alarmante. Un total de 54 mil personas se encuentran detenidas en la provincia, con persistencia de las condiciones de sobrepoblación, hacinamiento y tortura. El año pasado hubo, al menos, 120 muertes por uso letal de la fuerza. La mayoría de las víctimas tenían menos de 30 años. Además, 25 personas fallecieron en comisarías, ítem que resulta importante analizar a la luz del caso de Daiana Abregú, en Laprida.
Otro dato saliente tiene que ver con lo que la organización autora del informe llama “tasa de prisionización”: mientras en 2020 en la provincia de Buenos Aires había 284 personas detenidas cada 100 mil habitantes, un año después la cifra trepó a 306. Mientras, la sobrepoblación carcelaria alcanzó el 111%: 49.662 personas para 22.060 plazas.
Como respuesta al problema, el gobierno hizo lo que suelen hacer las diferentes fuerzas que llegan al poder: construir plazas a estrenar en cárceles sin cuestionar la existencia de la institución ni, al menos, lo que sucede allí adentro. Así, se amplió la capacidad del sistema en 1.300 lugares. Sin embargo, ingresaron al sistema 3.600 nuevos detenidos…
En comisarías, describió la Comisión Provincial por la Memoria, la situación es peor: una sobrepoblación del 232% con 4.445 personas alojadas en 1.300 plazas.
Fuera de la parte numérica, también es importante reparar en aspectos cualitativos. El sistema penal es selectivo y en las cárceles la enormísima mayoría de los internos son personas pobres, gran parte de ellos, con procesos (ni siquiera condenas firmes) respecto a delitos contra la propiedad. Además del hacinamiento, en las prisiones las condiciones de vida son encuadrables en lo que entendemos como tortura, desde la alimentación o el acceso a salud hasta las posibilidades de contacto con un mundo exterior que, se sostiene, debería recibir a las personas cuando egresan de allí.
En la misma semana que se presentó el informe, Sergio Berni lanzó al aire una vez más la ya múltiplemente enunciada (y también refutada) idea de bajar la edad de imputabilidad. Afortunadamente, los convulsos tiempos de la política partidaria no permitieron que la propuesta vuelva a permear.
A modo de síntesis, propongo algunas preguntas. ¿Por qué no hay funcionarios escandalizados por la situación? ¿Por qué, fuera de algunos circuitos autogestivos e independiente, no se generan movilizaciones sociales para exigir respuestas? ¿Por qué este tema no ocupa ninguna primera plana?