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Por omisión y por acción

Por Lautaro Peñaflor Zangara

El 40% de las muestras de orina que se tomaron a integrantes de una comunidad educativa en Baradero contenía agroquímicos. Así lo evidencia un estudio que encabezo Acción Ambiental Baradero, una asamblea de vecinas y vecinos que se autoconvocaron, precisamente, para activar respecto a temas vinculados con el cambio climático y la crisis al respecto.

No son demasiados los estudios que plasman en datos concretos algo que, podemos considerar, resulta una intuición bastante razonable: los agrotóxicos están en los cuerpos de muchas personas, expuestos a ellos en muchos casos involuntariamente o por situaciones inexcusables como las laborales.

Asimismo, nos permite ampliar el razonamiento hacia el siguiente interrogante: ¿cuántas y cuáles de las enfermedades más frecuentes en nuestra época se vinculan con la exposición a estas sustancias, instaladas desde el poder? ¿No existen enfermedades vinculadas con los agrotóxicos (o “fitosanitarios”, su eufemismo edulcorado) o esa línea causal no se estudia? En tal caso, ¿por qué no se estudia?

Justamente, debemos advertir que el relevamiento de Baradero al que hicimos mención lo motorizó una asamblea autoconvocada. No lo hizo el Estado, en ninguna de sus amplias instancias. Elocuente, ¿no?

De todos modos, podemos mencionar la existencia de otros casos que van en la línea que estamos sosteniendo. Un caso paradigmático es el de Sabrina Ortiz en Pergamino. Ella notaba ciertos efectos en su salud y la de sus familiares, por lo cual tuvo el valor de denunciar, no sin consecuencias: comenzó a sufrir presiones y amenazas.

Aun así, su caso motorizó pericias que arrojaron resultados similares a los de la escuela rural que citamos. Es más: según cuenta Sabrina, en Pergamino hay un barrio que se conoce como «Barrio cáncer”.

Allí se logró, por ejemplo, que la municipalidad tenga que distribuir agua envasada, al constatarse que el agua corriente también estaba contaminada. Una vez más, el interrogante que surge es si Pergamino es un caso aislado, o si allí se llegaron a analizar variables que en otros lugares no.

Más allá de este caso, incluso la Sociedad Argentina de Pediatría confirma el daño que producen los agrotóxicos en niñas y niños. Redactaron un documento tiene 171 páginas, 12 capítulos y 3 anexos (de fácil acceso en Internet), con conclusiones muy contundentes.

A esta altura, cada vez que se estudia la exposición de las personas a los agrotóxicos, el resultado es alarmante. Y, si al estudio le incorporamos el nexo con enfermedades, es todavía peor.

Párrafo aparte merece el aparato de poder que implican estas industrias: corporaciones trasnacionales, gobiernos como el argentino que siguen considerando al glifosato prácticamente inocuo, y aprueban novedades como el trigo transgénico HB4 y entramados judiciales de difícil o imposible acceso, entre otros eslabones de una siniestra cadena.

En países empobrecidos de fuerte raigambre rural, escapar a estas lógicas deviene un esfuerzo no sólo político emancipatorio, sino también cultural. Implica debatir las mismas ideas de progreso y desarrollo a quienes brindan puestos laborales, que son verdaderos dardos envenenados. Demás está decir que, a partir de la pandemia de coronavirus, la situación se exacerbó: hay más pobreza y la concentración de la riqueza es mayor.

Podemos conceder que antes existía una omisión en el sentido “dejar de hacer”, pero la actitud actualmente es indudablemente proactiva. Aunque elijamos fingir demencia, son responsables por acción y omisión. Si la presencia de agrotóxicos en el cuerpo de niñas y niños de una escuela rural no les alarma, resulta evidente que para el poder la decisión está tomada.

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