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Por el mismo salario

Por Lautaro Peñaflor Zangara

Este año las clases tenían que ser presenciales por varios motivos, algunos más razonables que otros. En principio, porque las escuelas son mucho más que edificios en los que se imparten conocimientos. Son instancias complejas de enseñanza y aprendizaje, socialización y contención que, además, permiten el normal desarrollo de la vida económica fuera de ellas.

Esta suerte de valorización de las instituciones educativas luego de un año de virtualidad, es deseable, se sostenga en el tiempo y no sea un discurso útil a la hora de generar críticas cercanas al estilo de la chicana como habitualmente lo ha sido.

No obstante, debemos mencionar también que el 2021 es año electoral y la coyuntura nacional no concibe un ciclo de elecciones con las escuelas cerradas. Simbólicamente, sería una derrota prácticamente irremontable. En este sentido, a priori, pareciera que los criterios políticos pesaron más que los técnicos-sanitarios y podríamos debatir los pedagógicos.

El retorno cuidado a las clases presenciales encuentra al personal docente y no docente de las escuelas repleto de protocolos, formularios, medidas preventivas y reglamentos, que tornan opacos los procedimientos. Esto, sumado a la incertidumbre de si efectivamente funcionarán los mecanismos que, seguramente, tardarán en aceitarse antes de ser aprehendidos y simplemente ocurrir.

¿Qué pasa si un alumno se contagia un miércoles? ¿Es distinto si el contagio se produce un viernes? ¿Si una docente da positivo se presume que se cumplieron los protocolos? ¿Cuántas personas conforman una burbuja? ¿De qué manera se garantizan los recreos?

Al igual que sucede con la campaña de vacunación, existe cierta atomización no sólo en cada jurisdicción respecto a cómo aplicar las reglas. Por un lado es comprensible, porque la provincia de Buenos Aires tiene más de 16.000 escuelas. Pero por otro lado no deja en claro la cadena de responsabilidades de un regreso a clases que tiene probabilidades de fallar (aunque, claro, no sea el deseo de nadie), y termina recayendo en un sistema que funciona inversamente: impacta con mayor fuerza en la persona de menor jerarquía en la cadena, que son los directivos de cada establecimiento. Hacia arriba, se va licuando.

Sin ir más lejos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el regreso a clases presenciales sucedió el 17 de febrero. Desde entonces, ochenta y ocho burbujas escolares fueron aisladas, con algo más del 5% de los establecimientos respecto a los que tiene la provincia. Desde la reapertura de las escuelas se registraron 304 casos positivos de coronavirus entre docentes y no docentes.

Retomando el punto anterior, todo esto, además, por el mismo salario, aunque es manifiesto que las tareas serán más y con mayor exigencia. La paritaria nacional docente se resolvió y la instancia provincial parece seguir la misma suerte, siempre sobre el filo del inicio a clases. Igual que la vacunación a docentes. Igual que la difusión de los protocolos definitivos, como si no supiéramos que anualmente a principios de marzo comienza el ciclo lectivo.

En el acuerdo salarial se incluyen montos por conectividad que, concederemos, se corresponden con la virtualidad que exige el contexto. No obstante, lo que sucedió el año pasado corre por cuenta de las docentes. A ellas sí podemos pedirles que sean solidarias con sus salarios sin que nadie se escandalice, como sucede con los sectores de grandes fortunas a los que les corresponde aportar por ley y todavía un gran cúmulo de ellos busca eludir la responsabilidad, en un contexto de emergencia inevitable.

El folclore indica que cada febrero debatimos la cuestión docente. Este año el eje no es estrictamente salarial y, seguramente, la discusión se extenderá. (Nota de opinión para Cambio 2000)

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