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Pasos en falso

Por Lautaro Peñaflor Zangara

El gobierno anunció recientemente un plan de fomento agroindustrial, que se propone alcanzar los 200 millones de toneladas de cereales y oleaginosas para 2030. Para ello, se vale de distintas herramientas que incluyen beneficios fiscales e impositivos.

El proyecto no menciona la agroecología ni la soberanía alimentaria. Todo indica que, en los hechos, este programa implicará más agrotóxicos, más monocultivo y más daño ambiental.

Es que participó en el proceso de creación del mismo el Consejo Agroindustrial, integrado por todas las grandes empresas de transgénicos y agrotóxicos (representadas en las cámaras corporativas Casafe, Asociación de Semilleras Argentina y Acsoja); las Bolsas de Cereales (de Rosario, Buenos Aires y Córdoba, entre otras), la Cámara de Biocombustibles (Carbio), la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de Puertos Privados, entre otros. Aunque al principio se mostraron reticentes, también están presentes las cuatro patas de la Mesa de Enlace: Coninagro, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentina -CRA- y la Sociedad Rural Argentina.

Lejos parece haber quedado el compromiso del gobierno recién asumido en diciembre de 2019, de incorporar a su política los 21 puntos que el Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular les presentó a los funcionarios entrantes.

Para plasmar este cambio en la relación de fuerzas, podemos mencionar un gráfico ejemplo: pocos días antes a la asunción de Julián Domínguez como ministro de Agricultura en reemplazo de Luis Basterra, la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT) realizó un acampe frente al Congreso exigiendo el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra, que fue presentada en octubre de 2020 por tercera vez.

También en la última reunión del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, que cuenta con la participación de la mayoría de las organizaciones campesinas del país, se volvió a hablar de la “inminente” reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar (27.118) sancionada en diciembre de 2014, pero que nunca llega. El cambio en la óptica del gobierno es manifiesto y, podemos inferir, obedece a lógicas electorales.

Sin embargo, debemos mencionar que el proyecto se presentó con un acto el mismo día en que el INDEC informó que la pobreza en Argentina supera el 40%, representando un claro problema estructural. Precisamente por tal razón quizás tendríamos que observar en detenimiento esas mismas estructuras, valga la redundancia, y revisar lo que nos trajo hasta acá.

¿Por qué la transferencia de recursos al 1% de la población implicaría una ruptura en los altos niveles de pobreza? ¿No se parece este anuncio a la famosa “teoría del derrame”, vinculada con los gobiernos de fuerte ortodoxia económica, enfáticamente criticada por la entonces oposición al macrismo?

El asunto se vuelve aún más gráfico si consideramos el envío de otro proyecto al Congreso: Ni hablar de otra importante Ley de Fomento: a la producción hidrocarburífera. En vez de enfocarse en las transiciones económicas y de infraestructura que necesita asumir el mayor desafío que afronta la humanidad como es la crisis climática, el gobierno vuelve a abrazar la matriz fósil.

El problema sigue siendo que pocos se quedan con demasiado y muchos prácticamente sin nada, y cada vez menos. Probablemente en las últimas décadas nunca fue muy distinto pero, sin dudas, el gobierno acaba de dar pasos en falso en esta problemática.

“La Argentina ha decidido poner a la acción climática y ambiental en el centro de sus prioridades”, dijo Alberto Fernández días atrás, ante la ONU. Días atrás anunció el programa de fomento agroindustrial. (Nota de opinión para Cambio 2000)

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