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Nos comemos la mentira

Por Lautaro Peñaflor Zangara

El Senado dio media sanción a un proyecto para incluir etiquetas negras hexagonales en distintos envases de alimentos, con el objetivo de advertir que la composición de los mismos implica excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías, según estándares internacionales; y también que contienen cafeína o edulcorantes.

No obstante, luego de la aprobación, el presidente de la Cámara de Diputados acordó girar el proyecto a seis comisiones antes de su tratamiento.

Lo hizo luego de reunirse con empresarios azucareros de Tucumán, principales interesados en que una norma con estas características no sea aprobada. Si bien -por la presión de quienes impulsan la ley- finalmente serán tres las comisiones en las que se discutirá el proyecto antes de llegar al recinto, la maniobra dilatoria es evidente. Se trata de plagar su recorrido legislativo de la mayor cantidad de trabas, hasta que la coyuntura y la agenda pública la vayan olvidando. Nada novedoso.        

La imagen explícita de Sergio Massa junto con los empresarios azucareros trae a la memoria un hecho sucedido en 2015, en Rawson, conocido como el caso del “diputado teledirigido”. En aquel momento, el diputado provincial Gustavo Muñiz en plena sesión intercambiaba mensajes telefónicos con Gastón Berardi, gerente de Yamana Gold, quien pedía más beneficios para un controvertido proyecto de ley que brindaba beneficios a empresas mineras. Directamente le enviaba un artículo que sus jefes pretendían incluir en la norma.

No resulta desconocido que existen este tipo de presiones e influencias, pero una cámara de fotos pudo captar el texto que el lobista envió al legislador en plena sesión y, de esa manera, se materializó lo que muchas veces resulta un enunciado difícil de probar.

¿Qué suena mal en la iniciativa de etiquetado frontal? Pocas leyes se vinculan de manera tan estrecha con la vida cotidiana de las personas, devenidas en consumidores masivos. Pero “la información es poder”, dijo Thomas Hobbes y parece que algunos sectores no quieren que las grandes mayorías consumidoras tengan al alcance de su mano (literalmente, porque estaría en las góndolas) esa cuota de poder, aunque sea mínima.

¿Se trata de una ley perfecta? Claro que no. Podríamos encontrar críticas, como la vinculación del consumo de alimentos procesados y ultraprocesados con la gordura, como si no fuese un problema para la totalidad de quienes los consumen, o como si la única razón para un cuerpo gordo fuera el exceso de comida. Tampoco se mencionan variantes para este tipo de productos, como el autoabastecimiento de alimentos agroecológicos. Nada de esto se observa: sólo se trata de sostener su negocio, no de buscar alternativas constructivas.

Para algunas formas de producción, etiquetar los alimentos de manera clara y visible puede implicar una confesión de parte sobre lo que producen, cómo lo hacen y qué efectos puede tener sobre la salud, además de perjudicar sus rentas. Rentas que, también debemos mencionar, en el caso de las azucareras, reúne fuertes denuncias de sindicatos y distintas organizaciones por enfermedades laborales, salarios paupérrimos e informales y hasta muertes. Incluso, una de las grandes empresas del sector fue denunciada por ocultar casos de coronavirus para continuar produciendo.

Leyes de este tipo existen en Chile, en Perú, en México y en Uruguay, donde comenzará a regir el próximo año. Su rol es fácilmente comprensible: brindar información adecuada, comprensible y formulada de manera simple sobre los productos que consumimos a diario, que suelen autopromocionarse como más saludables de lo que son.

No obstante, en este momento, en Argentina el proyecto es rehén de una puja de poder. Los consumidores, mientras tanto, una vez más nos comemos la mentira. (Artículo de opinión para Cambio 2000)

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