Nadie sueña con ser Pedidos Ya

Lautaro Peñaflor Zangara

El viento de época le llama “reforma laboral” a una serie de modificaciones de hecho -porque aún no lograron cambiar la normativa vigente- en las condiciones de trabajo, las cuales podemos considerar absolutamente regresivas respecto a la situación preexistente.

En la semana que pasó mucho se debatió acerca de un proyecto de ley provincial, impulsado por el diputado y dirigente sindical Omar Plaini, que busca crear un registro de trabajadores de aplicaciones. El objetivo, en pocas palabras, es comenzar a dar alguna rúbrica legal a quienes cumplen tareas bajo esta modalidad. El avance sería mínimo: simplemente crear una instancia de registración.

Pese a que existía consenso para aprobar la iniciativa, que ya tenía media sanción por unanimidad, la resistencia de los legisladores libertarios generó que Juntos por el Cambio hiciera cálculos electorales y se retractara, trabando la aprobación.

El argumento que esgrimieron desde La Libertad Avanza fue que, con la aprobación, los 25.000 repartidores de la provincia se quedarían sin trabajo. El diputado Guillermo Castello dijo textualmente que “los chicos que trabajan en delivery, si se aprueba esta ley, van a pasar a ser trabajadores en relación de dependencia. Van a pasar a estar regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, por lo cual ya han dicho las aplicaciones de delivery que se van a retirar de la provincia y van a dejar a todo el mundo sin trabajo. El modelo de negocios de las aplicaciones no cierra bajo esta regulación”.

Diseccionemos estas afirmaciones. En principio, el legislador ve problemático que los trabajadores dejen de ser informales. Actualmente, para comenzar a prestar servicios en las aplicaciones de delivery, es requisito ser monotributista. Es decir, existe una relación laboral encubierta y una situación de erosión de derechos laborales muy clara que integrantes del Poder Legislativo defienden sin sonrojarse.

Si continuamos con el análisis, Castello sostiene que la solución es modificar las normas volviéndolas en contra de los empleados, en lugar de actuar sobre las plataformas que ofician de manera completamente ilegal.

Pero, además, el diputado provincial expresa con total soltura que la Ley de Contrato de Trabajo “no le cierra a las aplicaciones”. Aquí llegamos al quid de la cuestión: si lo vemos en contrario, el modelo de la economía de plataformas no les cierra a estos trabajadores que ganan miserias, que están hiper presionados por un dispositivo móvil por jornadas larguísimas, que no cuentan con ninguna protección ante accidentes, mucho menos con un régimen de licencias y ni hablar de aguinaldo o vacaciones pagas.

Que quede clarísimo: nadie sueña con ser Pedidos Ya. Los jóvenes y las jóvenes se ven obligadas a trabajar bajo estas condiciones, porque son el sector más perjudicado por la falta de empleo en el marco de una economía con un 40% de pobreza. Entonces, las opciones se reducen y el oportunismo llega. ¿A quiénes representan, entonces, estos legisladores con opiniones absolutamente corporativas?

En definitiva, lo que está en disputa es el modelo económico de plataformas que exige, es cierto, cambios en la legislación que empieza a ser criticada por antigua u obsoleta. Así se le llama a un esquema laboral que obliga a garantizar un mínimo piso de derechos, que está en crisis de hecho y amenazado de derecho.

En momentos de puja distributiva, en Argentina creció exponencialmente la cantidad de trabajadores que son pobres, aún teniendo empleo. Esta situación rompe, además, el aspiracional más básico del conjunto: que trabajar permite ascender socialmente. Nadie sueña con ser Pedidos Ya.

Que los poderes de un Estado con escaso poder de maniobra permitan que triunfen los intereses de los nuevos modelos económicos corporativos en nombre de una modernidad excluyente, es más que ceder en materia de derechos laborales: también implica condenar a generaciones enteras a un mundo con todavía más adversidades.