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“Nadie se suicida en una comisaría”

por Lautaro Peñaflor Zangara

La frase que da título a esta columna corresponde a una suerte de axioma que circula entre los colectivos antirepresivos. Se vincula con la repetición de casos de características similares, en los que personas -mayormente jóvenes- son halladas muertas en celdas de comisarías. Aunque las versiones oficiales siempre hablan de suicidio por ahorcamiento, el trasfondo suele ser más complejo.

Daiana Abregú tenía 26 años y era de Laprida, una comunidad de unos diez mil habitantes. La tranquilidad habitual del pueblo se vio sucumbida, cuando se conoció que Daiana había aparecido sin vida, precisamente, en la comisaría.

Hasta allí había llegado demorada por una contravención. No un delito, sino una falta. La historia policial habla de “disturbios en la calle”. A las siete horas, un subinspector la encontró ahorcada. La familia fue notificada recién tres horas después. En Laprida, la noticia circuló antes que el aviso oficial.

Los efectivos dijeron que se suicidó, pero la familia descree de ello. “Ni el pueblo ni yo lo creemos”, dijo el papá de Daiana a la enorme e inhabitual cantidad de medios periodísticos de alcance nacional que se acercaron al pueblo a raíz del caso.

Es que la joven tenía decidido mudarse ese mismo lunes, un día después de la detención, a La Plata, donde vive su hermana, con su hijo de nueve años. Tampoco nadie observó señales de que podría hacer algo así.

Por el hecho se está investigando el accionar de, al menos, cuatro policías. También la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sumó un dato importante: el lugar no estaba habilitado para alojar detenidos. El organismo, además, se presentó como particular damnificado para ser parte de la causa que se está siguiendo.

Aquí debemos detenernos en que sólo la CPM ya lleva registradas cinco muertes bajo custodia estatal en dependencias policiales en lo que va del año, que se suman a los 25 casos que se relevaron durante el año pasado.

Si vamos más atrás en el tiempo, desde 2012 -después de diez años- la Comisión puede dar cuenta de 225 muertes en comisarías correspondientes a la Policía Bonaerense. Varias de estas locaciones tampoco estaban en condiciones para alojar personas, al igual que el lugar donde murió Daiana. Así lo evidencian los videos y fotos que se difundieron mediáticamente, luego de que la mamá y el papá de la joven pudieran recorrer el calabozo donde murió.

El caso de Daiana puede adscribirse a una problemática mayor: la sobrepoblación de detenidos y el consecuente agravamiento de las condiciones de encierro. El cupo histórico de comisarías en la provincia ronda las 1.300 plazas y el ministerio de Seguridad reconoce que hay 4.281 personas detenidas en dependencias, de las cuales 222 son mujeres. Más del triple.

La Defensoría de Casación relevó que el año pasado fueron denunciados sólo por defensores oficiales, un total de 119 casos de golpizas a detenidos. Los reportes por alimentación en mal estado, prácticamente nulo acceso a salud, hacinamiento y sobrepoblación son permanentes y representan la cotidianeidad del sistema penal bonaerense. De aquí es que se afirma que “nadie se suicida en una comisaría”: hay otras hipótesis más plausibles y sumamente verosímiles.

En este contexto, no debiera sorprendernos que casos como el de Daiana Abregú ocurrido en Laprida puedan suceder. Por el contrario: es la consecuencia lógica de un sistema de crueldad y desprecio hacia una parte no menor de la población, cuyo criterio de selectividad es de vital importancia considerar.

La muerte de Daiana implora por una necesaria determinación de cómo se dieron los hechos y las sanciones correspondientes. Sin embargo, con los datos en las manos, no podemos hacer otra cosa que advertir que hechos de este tipo son regla y no excepción.

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