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Meritócratas

Por Lautaro Peñaflor Zangara

El concepto de “meritocracia” exige el ejercicio de dotarlo de sentido para comprender de qué estamos hablando. De acuerdo con las formas en las que se emplea la expresión actualmente, parece representar un modelo de sociedad en la que el éxito y el fracaso pertenecen a quienes lo merecen, repartiendo premios y castigos de manera justa.

Ahora bien, ¿qué resultados son considerados éxitos o fracasos? ¿Cuándo una persona merece esos resultados? ¿De cuáles premios y castigos estamos hablando? ¿En qué casos estaríamos frente a un reparto “justo” de los mismos?

Pretender que la discusión se agote en quiénes se esfuerzan más o menos, es omitir mucha información contextual que, a su vez, es muy evidente. Por ejemplo, que a mayores ingresos, habrá mejor acceso a alimentación, mayor soporte económico, oportunidades educativas y laborales…

Es deseable que todas las personas puedan acceder a la movilidad social y, en definitiva, mejorar su calidad de vida. En este sentido, un indicador que suele usarse es la comparación respecto a la generación anterior.

Según un estudio de la OCDE, si imaginamos dos personas “idénticas” (en todas sus características personales como la inteligencia o la dedicación) cuya única diferencia es que los padres de una ganan en promedio $ 100.000 por mes, mientras que los padres de la otra ganan $ 50.000 por mes. Por el simple hecho de haber nacido con esa única diferencia, el ingreso del hijo de la familia de mayores ingresos sería de $ 84.000, mientras que la persona que proviene del hogar de menores ingresos ganaría $ 60.000 (una brecha del 40%).

Hablar de “meritocracia” exige explicaciones para no ser un cómodo enunciado vacío, sobre todo en un contexto de achicamiento de la economía producto de la crisis. Porque, en definitiva, estamos hablando de distribución de la riqueza: ese dinero que ya no está, de algunos bolsillos debe salir.

Es aquí donde la que estamos mencionando aparece como una lógica pro empresarial, que plantea como negativa toda partida presupuestaria destinada a fines de protección de la seguridad social.

Podemos hablar, por ejemplo, del recientemente aprobado cupo laboral trans del 1% en la administración pública. Las leyes de cupo son herramientas que permiten acceder a oportunidades a algunos sectores. Su importancia suele ser más simbólica que fáctica. En el caso particular del que estamos hablando podemos preguntarnos quiénes son las personas que accederán, en qué puestos lo harán, quién establece los criterios para considerar trans a una persona, qué créditos o requisitos formativos se exigirán…

Incluso en una política que se entiende progresista está presente el discurso del mérito, aunque se trate de una de las poblaciones más oprimidas, discriminadas, criminalizadas y violentadas del país.  Medidas de reconocimiento y reparación o políticas de acción directa en los espacios que suelen habitar o donde suelen trabajar serían más útiles para la comunidad. Eso sí: no se podría validar el mérito.

Estas lógicas están intensamente arraigadas a nuestra cultura, incluso, en la de aquellos sectores que se plantean en veredas opuestas a la visión de los CEOs. Solemos ver en las noticias, titulares relacionados a las peripecias que tiene que realizar un niño para ir a la escuela, o a cuánto tuvo que esforzarse una persona que se desarrolló en un contexto vulnerado para progresar. No obstante, ¿cuántos casos hay en los que el gran sueño capitalista no se cumplió por cada uno de los que se difunden con bombos y platillos?

Podemos afirmar que la sociedad en general es meritócrata, en la visión corporativa del término. La discusión sustancial está en profundizar de qué hablamos cuando hacemos alusión al término y qué tipo de acciones legitimamos cuando aceptamos su uso. (Nota de opinión para CAMBIO 2000)

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