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Más que un “justo reclamo”

Por Lautaro Peñaflor Zangara

En mayo de este año, George Floyd murió en Estados Unidos asfixiado por un efectivo policial. Su caso, con amplia repercusión incluso en nuestro país, puso en evidencia la violencia institucional y el racismo que todavía existen allí y que tiene sus situaciones asimilables en distintas partes del mundo.

En Argentina fueron sucediéndose algunos episodios de igual o mayor violencia que no tuvieron la misma reacción o, al menos, no alcanzaron el mismo nivel de consenso. Nos referimos a casos como la familia QOM que fue reprimida en Chaco sin motivos aparentes, el asesinato de Luis Espinoza con un arma reglamentaria y el posterior encubrimiento, el asesinato de Walter Ceferino Nadal quien dijo exactamente la misma frase que Floyd, los innumerables casos de respuestas represivas desproporcionadas por incumplir el aislamiento, o incluso la desaparición de Facundo Astudillo Castro.

Estos casos, generalmente tratados sin profundidad, desde el morbo o la espectacularización, abren un debate respecto a cuál es el rol de las fuerzas policiales y cómo lo llevan a cabo. También sobre la situación de poder que implican sus actuaciones y lo difusas que se volvieron las reglas para su intervención.

Días atrás la Policía Bonaerense encabezó una serie de protestas a raíz de un reclamo por el  salario y las condiciones de trabajo, argumento que podemos conceder: son personas que deben sostenerse con esos sueldos y las exigencias en torno a la pandemia seguramente se acrecentaron, al mismo tiempo que disminuyeron los ingresos, como sucedió prácticamente en la totalidad de los sectores económicos.

Las protestas policiales tienen ciertas connotaciones. En la mayoría de los países, no les está permitida la sindicalización por la naturaleza de las tareas que realizan. Por la misma razón, suele estar restringido su derecho a huelga. En el caso del que hablamos, los reclamos fueron in crescendo y alcanzaron su pico cuando, con móviles, uniformes y armas reglamentarias, efectivos de la Policía Bonaerense llegaron a la residencia de Olivos, ubicada en Capital, buscando respuestas.

Al llegar a ese punto de tensión recién se generó el repudio de muchos sectores políticos y sociales. Fue una imagen que generó zozobra en un país que tiene su historial de interrupciones democráticas por parte de fuerzas de seguridad y en una región que recientemente vio regímenes democráticos debilitarse con policías como actores neurálgicos.

No podemos obviar, asimismo, que los discursos regresivos y conservadores están a la vuelta de la esquina en todo nuestro continente y en Argentina también. El factor político en este caso también fue determinante para que el conflicto escalara hasta donde lo hizo, sin detenerse antes y llegando a acciones que se leyeron como amedrentamientos.

Si analizamos los casos de represión que mencionábamos al comienzo, existe un denominador común: el exceso, la desproporción, la impunidad en las maneras, el envalentonamiento. ¿Puede esa línea trazada haberse trasladado al reclamo colectivo? ¿Nos habla de las características de las fuerzas policiales? Es un aspecto, al menos, para pensar considerando que la violencia institucional fue creciendo, tomando como punto de partida 1983.

El debate que debe generarse se relaciona, precisamente, con el carácter obsoleto de algunas prácticas institucionalizadas, los límites de ese anclaje y la potencialidad de daño que llevan.

En este caso, la foto fue simbólicamente poderosa para que se tomaran cartas en el asunto algo que, en general, pese a la elocuencia de los hechos, no sucede. No obstante, sí alarmó cuando el brazo armado del Estado volcó su potencialidad hacia el Estado mismo, a pesar de que en otras ocasiones solemos dejarlo pasar sin mayor remordimiento. (Nota de opinión para Cambio 2000).-

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