La tapa de este jueves 
Autorizan subas del 11% en colegios privados para diciembre, con picos del 69% 
Milei: «Voy a liberar todos los precios que pueda» 
Lautaro Peñaflor Zangara
La provincia de Buenos Aires quiere subirse al tren del petróleo. Lo exclamó Axel Kicillof en el comienzo de su mandato y lo ratifica cada día con su gestión. A pesar de que en medio creó el ministerio de Ambiente en el ámbito bonaerense, su gobierno busca ser parte de las industrias extractivas tradicionales: esas que el mundo pretende dejar atrás.
La ecuación es inteligible, pues los esquemas de transición energética plantean una línea temporal relativamente corta para aprovechar este tipo de recursos antes de que sean reemplazados. Como Argentina dispone de gas y petróleo, está dispuesta a comercializarlos antes de que sean insumos muertos.
Poco importan en esta trama los intereses de las grandes mayorías. Si el poder decide que se avanza en ese carril, por allí vamos. En nuestra provincia queda sumamente claro. La pretensión es buscar petróleo en el Atlántico, desde cerca de Mar del Plata hasta prácticamente llegar a Bahía Blanca.
En medio, está en contra hasta el propio intendente de General Pueyrredón, que pertenece a Juntos, fuerza indiscutiblemente favorable al fracking y su universo. Además, principalmente, los rechazos son una de gran cantidad de vecinos que se organizan en asambleas y accionan judicialmente.
Aunque se han realizado audiencias públicas, las mismas no son vinculantes y sólo buscan legitimar una decisión que ya está tomada. De hecho, un fallo judicial había hecho lugar a un amparo presentado por las asambleas pidiendo que se detengan los proyectos hasta establecer, entre otros puntos, su impacto ambiental. Ante la amenaza de Equinor de frenar su participación, rápidamente una nueva sentencia -esta vez de Cámara de Apelaciones- rubricó los proyectos extractivos.
La cronología es explícita: se hace lugar al reclamo de las asambleas populares, la corporación multinacional, en este caso canadiense, amenaza con retirarse, y una nueva decisión judicial le da exactamente la “seguridad jurídica” que pretende. ¿Cómo es, entonces, el entramado de la toma de decisiones? ¿Qué sujeto de esta cadena detenta, en realidad, el poder?
Concediendo que estos proyectos se llevarán a cabo, siquiera se encargan de ellos capitales nacionales. Siempre son corporaciones extranjeras y multinacionales. Este representa un gran punto flojo en el relato del desarrollo que pueden implicar para las poblaciones. Concediendo que se lleven adelante este tipo de proyectos, no los desarrollará ningún capital nacional. En los ejemplos existentes a lo largo y a lo ancho del país, resulta evidente quiénes se llenan los bolsillos y quienes padecen el engaño de un progreso que no llega y, luego, sus consecuencias de toda índole.
Una vez más, fin de año viene con regalos en materia ambiental, y no precisamente buenos. Si diciembre de 2021 inició la larga agonía de la Ley de Humedales, aún no resuelta, este diciembre trajo definiciones que son claves para el fracking en la provincia de Buenos Aires, que no aprendió absolutamente nada de las resistencias populares de las provincias que ya lo padecen, máxime en tiempos de consecuencias bien palpables en la situación del cambio climático, que no fue magia.
La lógica extractiva lejos está de acabar con los hidrocarburos tradicionales. Luego vendrá el desarrollo del litio y el sistema de saqueo a los países que cuentan con este recurso -que ya está en marcha- será exactamente el mismo. Es por esa razón que el rechazo debe ser amplio y terminante. La oportunidad de oro no llegará para los países del sur global y, lejos de ello, contribuiremos a perpetuar relaciones de poder que nunca le favorecieron a nuestras naciones y, si nada cambia, tampoco lo harán de acá en adelante.