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Lo determinó la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Siguen la línea de algunos sectores de la política, en medio de la emergencia sanitaria.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dispuso crear el Sistema de Aporte Solidario en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus y los jueces donarán voluntariamente entre el 15 % y 20 % de sus haberes.
La medida se adoptó en el marco de la necesidad de contar con los recursos para dotar de insumos y otros elementos al sistema de salud provincial, a fin de atender los requerimientos que demande la población y en medio de reclamos sociales para que el sector político también recorte sus gastos.
«Esta Suprema Corte de Justicia, comprendiendo la situación económico-financiera de la Provincia, expresada en innumerables oportunidades al abordar su presupuesto, no puede soslayar el actual contexto de emergencia, ni dejar de contribuir a los esfuerzos del Estado provincial y de la sociedad toda», se indicó en la resolución firmada hoy, que lleva el número 14/20.
Los ministros de la Suprema Corte y jueces del Tribunal de Casación Penal (niveles 22 y 23 de la escala salarial) aportarán el 20 % del sueldo básico, mientras que los jueces de Cámara y de primera o única instancia (niveles 20 y 21) destinarán el 15 %.
Esos fondos serán destinados al Ministerio de Salud de la Provincia y a instituciones de bien público provincial dedicadas a la atención de la pandemia.
Medidas de austeridad
Además, la SCJB resolvió un programa de medidas de austeridad del gasto, que pueden complementar a dicho Fondo:
1-Congelar la cobertura de cargos existentes al 31 de marzo.
2- Suspender las puestas en funcionamiento de órganos jurisdiccionales y dependencias.
3- Suspender la adquisición de inmuebles, automotores y bienes de capital.
4- Suspender la compra de material destinado a las bibliotecas del Poder Judicial para el Fondo Solidario.
5- Suspender el pago en concepto de viáticos y movilidad para las comisiones de servicios que no sean expresamente indispensables autorizadas por el Tribunal.
6- Suspender el pago de horas cátedras que se abonan en el marco de las actividades del Instituto de Estudios Judiciales, con excepción de aquellas en concepto de cursos dictados mediante modalidad virtual.
7- Establecer que los Magistrados y funcionarios de Tribunal con cargo asimilable, que dispongan de equipo de telefonía celular asignado, deberán reintegrar el importe de las facturas, durante el período que dure la situación de emergencia sanitaria. No están comprendidos en este punto los equipos dispuestos para los organismos judiciales de turno o en guardias.
(La Nueva.)
