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La realidad que elegimos no mirar

Por Lautaro Peñaflor Zangara

A raíz de la pandemia, la Cámara de Casación Penal Federal recomendó evaluar la habilitación de prisiones domiciliarias con monitoreo y mecanismos de control para un cierto grupo de personas. Mencionó a quienes cumplen condenas por delitos leves, a embarazadas y mujeres con niños, a quienes ya gozan de salidas transitorias y a personas con más de 60 años y/o con riesgos de salud.

Distintos organismos internacionales así lo sugirieron y gran cantidad de países están tomando decisiones en tal sentido. Incluso, algunos Estados utilizaron una prerrogativa que Alberto Fernández se niega a emplear: el indulto.

Las cárceles representan un verdadero caldo de cultivo, dadas las condiciones de contagio del virus. Son lugares sobrepoblados, en los que reinan el hacinamiento y las casi nulas condiciones de salubridad. A modo de ejemplo, el alcohol está prohibido por reglamento y el jabón es un lujo. Se trata, no obstante, de elementos básicos para cumplir con las recomendaciones de cuidado del mismo Estado.

Desde el comienzo de la pandemia se supo que estos sitios debían ser intervenidos, para evitar contagios masivos y probables muertes que impactaran no sólo en la población de las prisiones, sino también -ya que en la visión de algunas personas esto no es relevante- en la sociedad extramuros, incluyendo al personal de las penitenciarías y sus grupos familiares.

“Ganar tiempo” fue siempre el objetivo, con el fin de robustecer las cifras hospitalarias, poniendo de manifiesto la necesidad de actuar: o se toman decisiones o la capacidad puede colapsar. Y no sólo para las personas en prisión. El sistema de salud es uno y único para todas las personas.

“Mejorar las condiciones de las cárceles” no es una alternativa posible en este contexto. Implicaría solucionar en días problemas de décadas, tan estructurales como el hecho de que en muchas prisiones sólo comen aquellas personas a las que sus visitas les llevan comida.

Tampoco es factible simplemente dejar que las cosas sucedan. Los Estados modernos se rigen por leyes que deben ser cumplidas, aunque no nos gusten. La pena de prisión constitucionalmente implica que los condenados pierden su libertad ambulatoria, pero no su derecho a la salud y, mucho menos, a la vida. Resulta absurdo aclarar que dejar morir a las personas no es un mundo posible.

Fue llamativa la reacción de muchas personas y, para analizarla, hay que tener en cuenta el factor político partidario. Se habló de “liberar presos” aunque lo que se resolvió fue evaluar la posibilidad de prisiones domiciliarias monitoreadas. La transformación de este tema en un slogan anuló el contenido del debate. ¿Qué propuestas concretas hubo? ¿Cuál es la visión sobre cómo abordar la situación? No lo sabemos.

¿Hubo egresos cuestionables? Sí, tal el caso de los femicidas. Esta situación es sugestiva respecto a otra característica del sistema carcelario: no existen registros claros de la situación de cada interno. En tal caso, no habría dudas de quiénes pueden acceder a la prisión domiciliaria.

En cambio, depositamos a las personas en las cárceles, olvidándonos de que allí están. Las prisiones se constituyen así como laberintos para las sociedades que no tienen salida ni conducen a ningún lugar.

Este tema pasará y las cárceles volverán al olvido en el que existen, y del que sólo salen cuando su visibilidad molesta. Entonces dejamos salir la más reaccionaria de nuestras facetas, siempre alimentada por el recorte morboso de la realidad que nos ofrece la serie del momento o el noticiero más sensacionalista.

Aunque la mayoría del tiempo elijamos simular que estos temas no existen, en ocasiones los hechos perforan los relatos y ponen frente a nuestros ojos esa realidad que elegimos no mirar. (Artículo de opinión para Cambio 2000)

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