La punta de un iceberg

Por Lautaro Peñaflor Zangara

Días atrás se conoció la sentencia por los casos de abuso sexual a niños hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de Mendoza. Fueron condenados los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi, a 45 y 42 años de prisión respectivamente, y el ex jardinero del instituto Armando Gómez, a 18 años.

Se trata de condenas ejemplares, cuyo significado pierde contundencia frente a las implicancias del asunto. ¿Cómo se llega al juicio? ¿Cuántos casos se ocultan, por cada uno que se condena? ¿Cuál es el rol del Vaticano en estas investigaciones?

Existen en todo el mundo cientos de denuncias a sacerdotes, monjas y personas allegadas a la Iglesia Católica y más de 4.000 víctimas. Están debidamente documentadas, existiendo procesos judiciales, investigaciones periodísticas y hasta material audiovisual al respecto.

De todos ellos, es mínima la proporción de esas causas que llega a sentencias. Asimismo, las investigaciones son incompletas: en el juicio mendocino restan definirse acusaciones contra monjas y administrativos.

Asimismo, surge de los distintos testimonios que el rol de la cúpula de la Iglesia católica es, cuanto menos, de encubrimiento. Antes y ahora también.

Antes, cuando en 1966 -durante la dictadura de Onganía- Argentina firmó un concordato con el Vaticano estableciendo que los asuntos de la Iglesia se regían por las reglas del derecho canónico, y no de las normas generales.

Este acuerdo, que incluyó una cláusula de “secreto pontificio”, sirvió para que aquellos hechos que llegaban a conocerse fueran juzgados de manera interna, y con un profundo secretismo. Los castigos fueron traslados de país o de ciudad. Así llegó Corradi a Argentina: trasladado de Italia por este tipo de casos, a cumplir funciones similares aquí.

Pero el encubrimiento no quedó en el pasado. Los defensores de las víctimas del caso mendocino denuncian que los encargados de la Doctrina Católica enviados por el Vaticano buscaron acceder a expedientes que no les correspondían, por haber secreto de sumario al tratarse de causas sensibles.

Conocida la sentencia, el Papa Francisco, máxima autoridad de la Iglesia, “pidió perdón” por las consecuencias de lo sucedido. Una disculpa que no es más que retórica.

Las mismas madres de las víctimas relataron que la Iglesia, lejos de colaborar, tuvo una actitud entorpecedora en el proceso. Está claro que todo acusado debe defenderse con las garantías y los derechos de la ley, pero muy distinto es buscar, con acciones manifiestas, entorpecer y perjudicar un proceso penal. Se refieren al segundo caso.

Otro país con graves denuncias es Chile. Allí el Sumo Pontífice fue sorprendido por la pregunta de una periodista al respecto. Su respuesta fue “El día que me traigan una prueba voy a hablar”. Las pruebas son numerosas y contundentes. De hecho, el mismo Francisco tuvo que dar marcha atrás en sus palabras.

Son muchos más los casos que aún no se judicializaron o no tuvieron un veredicto, que los que sí. Uno de los abogados querellantes habló de “punta de iceberg”: es mínimo lo visible, respecto a aquello que se oculta. Y mucho menos lo que judicialmente llega a probarse, aunque sea un secreto a voces. Un ejemplo es el Próvolo de La Plata, donde se están investigando serias denuncias. Allí, el tristemente célebre monseñor Aguer dijo que “afortunadamente no hubo abusos”. Difícil creerle.

No se trata de atacar las creencias de las personas, pero sí de aceptar lo espeluznante de los casos probados. Nos resta preguntarnos si una institución con esos cimientos puede dar marcha atrás y, tanto a nivel personal como estatal, ya no repetir aquello que hacemos sólo por costumbre, dotando de poder a una institución que se mostró sistemática y oscurantista en lo que a los casos de abusos sexuales se refiere. (Artículo de opinión para CAMBIO 2000).-