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La provincia adhirió al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo de Nación

La provincia de Buenos Aires se sumó así a la aplicación de la guía que puso en marcha el ministro de Salud de la Nación. Aseguran que no es sólo una cuestión sanitaria, sino un mandato de la Corte Suprema. En territorio bonaerense, había sido derogado por Vidal, lo que costó la renuncia a la ex ministra Zulma Ortiz.

ESTELA DÍAZ Y DANIEL GOLLAN, Ministra de las Mujeres y Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires respectivamente.

Luego la puesta en vigencia del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), dispuesta por el ministro de Salud, Ginés González García, la Provincia adhirió hoy al mismo.

El acto contó con la presencia del titular de ese ministerio, Daniel Gollán, y la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual provincial, Estela Díaz.

También se hicieron presentes Lucía Portos, subsecretaria de Igualdad y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad sexual,  la diputada nacional Mónica Macha, del Frente de Todos, y el Asesor General de Gobierno provincial, Santiago Pérez Teruel.

Tras el acto protocolar, Gollan aseguró que «esto debería ser algo normal, el ministerio tiene las herramientas para garantizar que sea así», y añadió que «decidimos hacerlo vía resolución para que quede explícito, para que el ministerio de Salud y el de las mujeres sean los que llevan adelante y toman la medida, por eso es una resolución y no un secreto».

Por su parte, Díaz destacó el carácter integral de la norma, en línea con lo que calificó como «la autonomía de las mujeres y con la igualdad para las mismas y con la decisión sobre su propio cuerpo».

Acerca de las objeciones de conciencia, la funcionaria dijo que «es una característica que se puede tener, que tiene sus mecanismos de implementación, pero que queda claro que es una decisión individual y que las instituciones de salud pública deben garantizar el acceso a las interrupciones legales del embarazo».

En relación a la capacidad de los hospitales para realizar esta práctica, explicó que «hay garantías porque los hospitales ya lo están haciendo», remarcando que es costosísimo para la salud pública «cuando se llegan a interrupciones del embarazo en el circuito clandestino e inseguro. En cambio, la interrupción en el primer trimestre de gestación es sencilla, puede ser ambulatoria, es medicamentosa, porque han cambiado los procedimientos».

A poco de asumir, Gollan había expresado su compromiso de adherir a la guía actualizada que puso en marcha González García, asegurando que «está en el Código Penal y un fallo de la Corte dijo que hay que hacer este tipo de protocolos”.

El funcionario añadió que «quien no lo hace, no puede decir que respeta a la Justicia o defiende a la República», remarcando que «la Interrupción Legal del Embarazo no sólo es una cuestión sanitaria con la que uno acuerda, es un mandato de la Corte Suprema».

El protocolo brinda lineamientos sobre cómo actuar ante un aborto legal, ya que desde hace cien años en Argentina la interrupción del embarazo está permitida por unas pocas causales: violación o riesgo de salud o muerte de la mujer, existiendo un exhorto del máximo tribunal de justicia de 2012 en el que instó a las provincias adherir.

A pocos días de terminar su mandato, el expresidente Mauricio Macri anuló la actualización del protocolo que había propuesto el entonces secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, lo que motivó su renuncia.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, la exministra de Salud, Zulma Ortiz, modificó en julio de 2017 el protocolo bonaerense, una decisión que le costó el cargo, y que mostró un triunfo del ala dura del gobierno de María Eugenia vidal al derogar dicha medida tras ser publicada en el Boletín Oficial bonaerense. (La Tecla)

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