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La discusión atrás de la discusión

Por Lautaro Peñaflor Zangara

Nuestro sistema tributario necesita una revisión, en cuanto a la coparticipación y en cuanto a los impuestos en sí mismos. Esa es la discusión, atrás de la discusión que por estos días el gobierno de la Nación y el de la Ciudad están sosteniendo, a raíz del proyecto de ley para reasignar recursos que habían sido destinados a la capital por Mauricio Macri.

La coparticipación es un mecanismo de distribución -fijado por Ley- que establece un porcentaje de la recaudación que realiza el Gobierno Nacional y que automáticamente se distribuye entre éste y las Provincias.

El sistema de distribución de la masa coparticipable debe pensarse con algún sentido distributivo cuantificable, que puede ser la cantidad de hospitales, los niveles de pobreza e indigencia, el número de escuelas, etcétera. Incluso podría pensarse en base a una suerte de fórmula que se actualizara con cierta periodicidad, algo así como sucede con el sistema de movilidad jubilatoria.

Sin embargo, los actuales guarismos están establecidos por una ley de hace décadas, sin ningún criterio razonable. Al sancionarla, no se establecieron parámetros socioeconómicos, de infraestructura ni de ningún tipo: simplemente se negoció. Y ahí radican las inconsistencias entre lo que aporta cada provincia, lo que necesita para solventarse, lo que le permitiría planear en términos de desarrollo o crecimiento y lo que finalmente recibe.

Una complejidad adicional que tiene el sistema es que los fondos de la coparticipación que van para CABA (1,4%) y Tierra del Fuego (1,3%) salen de la parte que obtiene el Gobierno Nacional, por cuestiones de tiempos en cuanto a la sanción de la ley y el reconocimiento de esos territorios como la naturaleza con la que hoy los conocemos.

Es cierto que la Ciudad de Buenos Aires está primera en el ingreso per cápita y la Provincia de Buenos Aires está décima, pese a ser la más grande y la que más aporta, además de no tener los mejores indicadores. Si existiera algún criterio objetivo, el gobierno porteño seguramente debería resignar recursos, que se destinarían -por ejemplo- a las jurisdicciones del norte, o incluso a los bonaerenses.

Sin embargo, pese a sus deficiencias, la de coparticipación es una ley muy difícil de modificar, porque cambiar esos porcentajes implica que algunas provincias recibirán menos, y probablemente nadie querrá ceder lo que hoy recibe.

De igual manera, el sistema tributario requiere una reforma hacia una mayor progresividad: que paguen más aquellas personas con mayores posibilidades de contribuir y que no se graven o se graven menos aquellos hechos imponibles que impactan sobre los sectores con menor capacidad de pago. El ejemplo más claro es el IVA: por igual producto, paga el mismo impuesto la persona más pobre que la más rica.

Sin embargo, si algo demostró la discusión por el Aporte Extraordinario de las Grandes Riquezas, es que no son muchos los sectores dispuestos a ello. Podemos pensar, entonces, que mucho menos aceptarán un replanteo general.

Retomando, la discusión política que subyace cuando se discuten las cifras de la Ciudad tienen que ver con el fuerte incremento, vía decreto, de Mauricio Macri al índice que recibe la CABA; cifra que Alberto Fernández, por ley, quiere modificar. Claro que hay motivaciones partidarias. Son evidentes y tienen que ver, también, con sobreactuar la diferencia entre el gobierno Nación y el gobierno de la Ciudad, las dos fuerzas que más votos reúnen, en la previa de un año electoral.

Lo que resulta claro es que, una vez saldado este pequeño debate, seguirá siendo necesaria una revisión de los estándares para la coparticipación federal, así como también un replanteo de los impuestos, hacia una mayor progresividad del sistema. Y, seguramente, ninguna de ambas cosas suceda. (Artículo de opinión para CAMBIO 2000)

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