|  

La continuidad de la masacre

(Por Lautaro Peñaflor Zangara)

Aunque podría ser el nombre de la segunda parte de una película taquillera, el título de esta entrega hace alusión a hechos que no sólo son muy reales, sino también de los más crueles que podemos detectar.

Fueron encontrados 66 trabajadores formoseños en condición de esclavitud, en una cosecha de limones. Permanecían en condiciones de hacinamiento, con pagas miserables (incluso suspendidas), sin agua ni baños químicos.

La situación nos retrotrae a un hecho histórico respecto al que hablamos hace poco: la Masacre de Napalpí, ocasión en la que fueron fusilados por fuerzas policiales y paraoficiales cientos de integrantes de comunidades originarias, principalmente Qom y Moqoit, en territorio de lo que hoy conocemos como la provincia de Chaco. ¿La razón? Una protesta por la violencia y la explotación a la que eran sometidos en una cosecha de algodón.

Pero Napalpí fue en 1924. Casi un siglo después, una población prácticamente equivalente a aquella continúa sufriendo condiciones, podríamos decir, de tortura también prácticamente equivalentes. En aquel momento, los sobrevivientes no pudieron hablar del tema. Continuaron sus vidas el más profundo silencio aleccionador. Quizás esa forma de acallar voces funcionó como el caldo de cultivo necesario para que siga ocurriendo. Por esa razón hablamos de la continuidad de la masacre, que no empezó ni terminó con la matanza del siglo pasado.

Los trabajadores de la empresa limonera, formoseños, fueron “contratados” por la empresa Padilla Citrus, del empresario citrícola Pablo Padilla, con sede legal en San Miguel de Tucumán, y fueron trasladados a Salta, donde afrontaron condiciones extremas para llevar a cabo las tareas que les asignaban.

Cuando dejaron de pagarles (una miseria, por cierto) decidieron denunciar y recién ahí intervino la División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía de Salta, con dos operativos llamados “relámpagos”. En uno, encontraron 21 trabajadores, en el otro, 45. Vivían en condiciones inhumanas. Se los exponía “a las inclemencias climáticas, a una extrema carencia alimenticia y de servicios básicos”, dicen los informes oficiales. Producto de la investigación se detuvo a una persona y se inició una causa.

Según su propia web, Padilla Citrus tiene unas 2.000 hectáreas sembradas, exporta a unos 20 países y tiene una capacidad productiva de 150.000 toneladas anuales. El mismo Padilla es presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino. La situación es elocuente: para que unos pocos tengan ganancias extraordinarias, muchos tienen que perder.

Podemos preguntarnos, por un lado, qué será de los 66 trabajadores. Por lo pronto, están bajo la guarda de un equipo interdisciplinario dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia. ¿Y luego? ¿Cómo se devuelve lo quitado a una población tan vulnerada, respetando además su cosmovisión originaria? ¿Qué efectos sobre sus subjetividades tiene esta experiencia?

Pero, además, miope sería la lectura si omitimos que el trabajo esclavo es una práctica -al menos- frecuente en el sector rural. En 2019, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) constató la situación laboral de 15.684 trabajadores rurales en todo el país. El 83% no estaban registrados. La Masacre de Napalpí tuvo su juicio histórico recién este año. Se consideró que lo sucedido constituyó delitos de lesa humanidad, cometidos por el Estado, en el marco de un proceso de genocidio indígena. En aquel momento resaltamos la importancia que puede tener la sentencia respecto a las condiciones materiales de vida de los Pueblos Originarios hoy en día. Hechos como el que describimos evidencian la importancia de que las palabras se transformen en acciones, y que no sean sólo símbolos.

Categorías