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La comodidad de transitar por el laberinto

Por Lautaro Peñaflor Zangara

En la anterior entrega de este espacio, hablamos de la polémica generada en torno a la recomendación de la Cámara de Casación Penal Federal de habilitar prisiones domiciliarias a ciertos grupos de personas privadas de la libertad, con el objetivo de evitar contagios masivos de coronavirus en las poblaciones carcelarias.

Tal situación, malintencionadamente difundida por algunos sectores como “liberación masiva de presos”, decantó en una serie de medidas del gobierno provincial, que anunció la creación de 1350 nuevas plazas carcelarias.

La primera observación que podemos realizar es la relación prácticamente absurda entre la sobrepoblación carcelaria y la cantidad de plazas a incorporar.

En la Provincia de Buenos Aires actualmente hay 62 establecimientos carcelarios que cuentan con capacidad para alojar 19.988 personas. La cantidad de presos, no obstante, es superior a 42.000. Esto quiere decir que están sobrepoblados entre un 103 y un 118%, según diversos informes oficiales y de organizaciones especializadas. Magro impacto tendrá, entonces, la incorporación al sistema de poco más de una veinteava parte de las plazas necesarias para que en las prisiones deje de haber hacinamiento.

Pero iremos más allá. Podemos preguntarnos cuándo nació la cárcel como institución, con qué finalidad y si algo cambió desde su creación. En este último aspecto, analizar la demografía de las cárceles bonaerenses resulta esclarecedor.

Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria, el 78% de los presos bonaerenses tienen entre 21 y 44 años. El 95% vive en zonas urbanas. El 43% estaba desocupado al momento de delinquir (sin incluir subocupación o trabajos temporales, como las changas o la recolección de cartón). El 75% está preso por robo o tentativa de robo o por infracciones leves a la ley de estupefacientes (vale la pena asociar estos dos últimos datos y analizarlos en conjunto). El 37% de las muertes por violencia institucional desde 1983 sucedió en las cárceles.

El 68% de los presos no tiene ningún ingreso. El 81% no accede en la prisión a ningún programa de capacitación laboral y el 71% no participa de ningún programa educativo.

¿Qué reinserción social es posible en contextos de encierro, indignos, violentos y degradantes?  ¿Cómo se reinserta en la sociedad extramuros una persona sin participar de ella? Los datos nos muestran que, pese a que la finalidad de la cárcel según la ley es otra, el objetivo de hecho en las prisiones sigue siendo de control social, fiel a sus orígenes. La discusión, entonces, se vuelve más cultural que jurídica porque los derechos son letra muerta en esta temática.

La cuestión carcelaria excede el problema coyuntural. No se trata de crear tantas plazas carcelarias como haga falta, si en ellas se reproducirá lo que allí sucede actualmente pero en plazas a estrenar.  Realizando el ejercicio de imaginar que se generen 20.000 nuevas plazas, podemos aventurar que sin sobrepoblación las contrariedades seguirán siendo las mismas: probablemente vuelvan a llenarse por sobre los límites y se demuestre así que la discusión de fondo no es específicamente espacial.

Un laberinto es un camino intencionalmente complejo, diseñado para que en él no haya salida. Anunciar la creación de más cárceles es intentar calmar a la bestia arrojándole una galletita, hasta que el tema vuelva al olvido e implica dar un paso más en la sinuosa vía de incorporar personas a un sistema cuya máxima aspiración es que destruya lo menos posible.

¿Queremos enfrentar el problema que significa el sistema carcelario y los nulos resultados que, al menos desde el regreso de la democracia, arrojó en nuestro país o estamos cómodos transitando por el laberinto? Los hechos ya respondieron a la pregunta. (Artículo de opinión para CAMBIO 2000)

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