|  

Jujuy y Salta como laboratorios de represión estatal

Lautaro Peñaflor Zangara

“Ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre la clase media, un ajuste brutal en cuatro meses” para el que “habrá que reprimir hasta matar si es necesario”. La frase hace alusión a una eventual -y hasta ahora sólo sospechada- alianza entre el espacio de Juntos por el Cambio conducido por Mauricio Macri y Javier Milei.

No fue enunciada por integrantes del Frente de Izquierda, ni del peronismo: fue Elisa Carrió quien lo dijo. Ubicada en la vereda de enfrente en la interna opositora, la dirigente de la Coalición Cívica fue muy explícita al referirse a la posible aplicación de un plan económico de shock y de políticas represivas para enfrentar los levantamientos sociales que esas medidas generarían.

¿Descubrió algo? Probablemente no. Es sabido que las decisiones antipopulares suelen generar reacciones sociales fuertes en Argentina. Lo novedoso es que lo enuncie una socia, hoy separada programáticamente, de quien lo propone, rozando la confesión de parte.

La criminalización y la estigmatización de la protesta son temas conversados en las últimas semanas. No por todos, pero sí por amplios sectores subrepresentados en la hegemonía política y mediática. Las alarmas se encendieron a partir de las intenciones de al menos dos jurisdicciones provinciales de avanzar en esta materia.

El caso de Salta -gobernada por el peronista Gustavo Sáenz, recientemente reelecto- es el menos visible aunque, paradójicamente, fue el que más avanzó. Allí se aprobó por apenas un voto y de manera exprés un “protocolo antipiquetes”, mientras decenas de manifestantes protestaban afuera de la Legislatura.

La norma establece requisitos para llevar adelante una protesta lo cual, visto a la inversa, implica considerar ilegítimas otras manifestaciones, que podrán ser reprimidas. Exige que las mismas sean notificadas con una antelación mínima de 24 horas, con lugar y horario de inicio y tiempo de desarrollo.

Cerca de Salta, en Jujuy, el gobernador Gerardo Morales promovió una reforma constitucional que fue cuestionada desde el primer momento por la oposición. En el texto se habilitan distintas formas de extractivismo de los recursos naturales y… se criminaliza la protesta. En igual sentido, el mandatario redactó un decreto en las últimas jornadas.

Con un pueblo movilizado, encabezado por docentes que reclaman mejores salarios, pero a quienes se fueron sumando distintos sectores, Morales debió anunciar la derogación del decreto. Sin embargo, la reforma constitucional sigue su curso.

Técnicamente, la protesta es considerada una de las formas que adquiere el derecho a la libertad de expresión por parte de los pueblos. Por esa razón, debe ser entendida ampliamente y cercenada en la menor medida posible. Sin embargo, el argumento más elemental es que es imposible desconocer los procesos sociales multitudinarios. Ejemplos sobran.

No es un punto menor que en el territorio de ambas provincias hay grandes cantidades de litio, metal muy pretendido cuya explotación es clave para los esquemas llamados de “transición energética” que deberían avanzar en los próximos años. Los proyectos extractivos, llevados adelante por corporaciones trasnacionales con el visto bueno cómplice de los gobiernos, son resistidos por los pueblos, que se organizan en asambleas y llevan a cabo diferentes acciones tendientes a frenar esas iniciativas. Dos más dos es cuatro.

Evidentemente, las disputas socio-políticas de aquí en adelante serán profundamente impopulares. La represión se recrudece, entonces, como una herramienta clave para gobiernos que sabrán resistidas por amplias pluralidades sus políticas carentes de legitimidad. Aplica tanto para el shock económico como para las políticas anti ambientales porque, en definitiva, Salta y Jujuy funcionan como laboratorios de lo que puede llegar a tomar carácter general. La letra con sangre entra.

Categorías