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Inversiones protegidas

Por Maia Franceschelli

Durante la gestión de Cambiemos se crearon seis nuevas áreas protegidas a lo largo del año 2018. Estos espacios incluyen cuatro parques en las provincias de Tucumán, Buenos Aires, Corrientes y Córdoba y dos áreas marinas en el sur del espacio marítimo argentino. Suman aproximadamente 10 millones de hectáreas, duplicando la cantidad de terreno que tenían los parques nacionales existentes hasta el momento.

Si bien esto pareciera ser una batalla ganada para el mundo natural, hay quienes tienen sus reparos al respecto. En principio cabe señalar que el ex-presidente modifica vía decreto (368/19) la Ley Nacional de Parques, quitándole a la Administración Nacional de Parques (APN) la facultad de autorizar o rechazar la construcción de obras o la concesión de negocios turísticos en los sitios a su cargo en todo el país.

La APN debía cuidar que éstas medidas no representarán una amenaza para el ecosistema. Con dicha modificación se facilitó el arribo de CEO’S, es decir, directores ejecutivos del ámbito privado -especialmente del sector inmobiliario- a la Administración de Parques Nacionales (APN), provocando malestar y preocupación.

La Ley de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales (22.351), luego de ser modificada por decreto -situación que no debe usarse a la ligera, sólo de manera excepcional-, da el visto bueno para avanzar en la explotación privada de alojamientos turísticos dentro de 16 parques nacionales. Entre otros casos, podemos observar la creación de una Villa Turística en el Parque Nacional Iguazú.

Esta estrategia que promueve negocios inmobiliarios en tierras públicas no resulta aislada. La senadora Ana María Lanni sostiene que se posiciona como un avasallamiento contra la protección de recursos naturales para favorecer intereses particulares.

En el mismo sentido, la ONG ambiental Fundación Amigos de los Parques denuncia que, además de anular la autoridad de APN, también se deja fuera de competencia al personal técnico y capacitado que son quienes realizan los informes sobre la viabilidad ambiental de los emprendimientos que se pretendían llevar a cabo.

El reconocido abogado ambientalista Enrique Viale, yendo aún más a fondo, aduce que la política de declarar y crear áreas naturales reservadas y protegidas -tendencia internacional, llevada adelante por organismos especializados que, desde el punto de vista jurídico bajan línea a los gobiernos- son el puntapié para avalar la destrucción y el arrasamiento de todos los demás espacios no integrados en esta categoría.

El saliente gobierno, se jacta de haber de llevado a cabo este tipo de políticas proteccionistas como victorias de su gestión; pero en los hechos, los objetivos son la especulación inmobiliaria, el turismo irresponsable y la explotación en manos de empresas privadas de esos lugares “protegidos” por ley.

Con los representantes electos, en principio, el panorama tampoco resulta alentador. A pesar de los dichos del presidente Fernández en materia medioambiental, donde menciona la necesidad de “actuar frente a la tala de bosques, la contaminación de las aguas y la minería mal practicada”, tiempo atrás celebró “el modelo minero de San Juan”, donde la empresa Barrick Gold es la encargada y la responsable del mayor derrame de agua cianurada de la historia.

A eso se le suma que trabajará con un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable que apuesta al “desarrollo” y a la generación de empleo a partir del mega proyecto Vaca Muerta y a la minería del litio: dos cuestiones que ya vimos, nada tienen de desarrollo medioambientalmente hablando: a todos sólo les importa el dinero. (Nota de opinión para Cambio 2000)

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