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Intervención alimentaria

Por Maia Franceschelli

La semana pasada se dio a conocer la concreción de la intervención del grupo empresario “Vicentin” por parte del Ejecutivo Nacional. El conglomerado resulta ser uno de los ejes centrales de la economía del país.

Vicentin surgió en 1929 en manos de tres hermanos italianos que se radicaron en la provincia de Santa Fe, iniciando su actividad con el comercio de acopio. Posteriormente fue incorporando diversos rubros y hoy, de acuerdo a su página web, las empresas que lo componen son de cereales y oleaginosas, desmontadoras, hilandería y tejeduría, biodiesel, jugo concentrado de uva, feed lot, vinos y acopio y exportación de miel.

Con oficinas en Montevideo, Uruguay; Asunción, Paraguay y Sao Paulo, Brasil, sus 20 empresas facturan más de US$ 4.000 millones anualmente. Pero el pasado 8 de junio se conoció que el Ejecutivo pretendía expropiar la empresa ya que enfrentaba una situación de insolvencia que le impedía hacer frente a la totalidad de los pagos que adeudaba.

El 13 de junio la firma publicó una solicitada en el diario “La Nación” donde expuso: “hemos tenido que enfrentar recientemente una situación financiera crítica que derivó en la necesidad de presentarnos en el mes de febrero, en un Concurso de Acreedores”. Y continúan: “el pasado lunes 8 de junio hemos sido sorprendidos por una decisión del gobierno argentino que entendemos injusta, arbitraria e ilegal”.

Esta intervención y eventual expropiación se apoya en diversos argumentos, entre ellos el de soberanía alimentaria, término que hasta ahora resulta ser monopolio de un reducido núcleo. Según el Presidente, llevar a cabo esta expropiación implica una mayor contribución a dicha soberanía.

Por soberanía alimentaria se entiende el derecho de los pueblos a decidir su propio sistema alimentario y productivo, contando con alimentos nutritivos y saludables, accesibles, producidos de forma ecológica y económicamente sostenible.

De acuerdo a esta definición y analizando el devenir del gobierno, podemos decir que la expropiación de Vicentin resulta ser un avance un poco pobre en el plano de la soberanía alimentaria del país.

En primer lugar, ningún gobierno Argentino todavía se ha cuestionado siquiera el modelo y matriz productiva que prima en el territorio: el del agronegocio y sus químicos tóxicos que, como hemos dicho con anterioridad, tiene relación directa con el glifosato y los miles de problemas que causan en las zonas fumigadas.

En segundo lugar, el organismo fiduciario interventor al grupo empresario sería -de acuerdo al anuncio del gobierno- YPF Agro, principal empresa productora de glifosato en Argentina. Por otra parte, tampoco han dejado de arrasar con los bosques nativos ni con los pueblos originarios, desmontando cruelmente para darle lugar al avance de la frontera agrícola-ganadera, con sus cultivos genéticamente modificados.

Rosalía Pellegrini, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, sostuvo ante “Canal Abierto” que “el Estado debe velar para que generemos esas divisas y condiciones de sustentabilidad sin arruinar los suelos, contaminar los pueblos ni envenenar los alimentos. Y que esa rentabilidad que podrían generar esas empresas vayan realmente al pueblo y a la distribución de la riqueza y no a un puñado de empresarios del agronegocio que claramente no le vienen haciendo ningún bien al pueblo argentino”.

Este paradigma que conlleva costos sociales, ambientales, económicos, que provoca la muerte de diversos seres vivos, que está asociado al hambre y a la pobreza, es al que se continúa apostando.

Las soluciones están, existen. El Estado es el responsable de tomar las decisiones que mejor crea necesarias; para el pueblo, no para las empresas. (Nota de opinión para Cambio 2000)

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