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Hecha la ley, hecha la trampa (vol. II)

(Por Lautaro Peñaflor Zangara)

En el Enfoque Crítico de hoy, hablaremos sobre la Ley de Humedales, respecto a la cual existen novedades (aunque no necesariamente buenas). Voy a cometer una infidencia y explicar cómo elegí el tema y el punto de vista para abordarlo.

La ocasión anterior en la que nos referimos a esta norma, concluimos que hecha la ley, hecha la trampa. Esta vez, debemos agregar que esa lógica reconoce distintos niveles y la dinámica política hace que estemos sumando uno nuevo.

Es que el ministerio de Ambiente de la Nación, junto con representantes de los gobiernos provinciales en el marco del Consejo Federal de Ambiente (COFEMA), impulsa un nuevo proyecto de Ley de Humedales, demanda de larga data por parte de colectivos y activismos en la materia. Sin embargo, la nueva formulación desnaturaliza a la anterior, en el sentido de que la desguaza en importantes partes, volviéndola una norma prácticamente testimonial.

Esta actitud permite, al menos, sospechar que la pérdida de estado parlamentario del viejo proyecto el año anterior no fue para nada inocente, sino que tendió a generar este nuevo escenario. De hecho, al ingresar nuevamente el proyecto el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, decidió enviarla a varias comisiones. Así, llegamos a mitad de año con el tema en igual estado de quietud, hasta ahora que surge esta nueva redacción.

De su debate no participaron todas las organizaciones que, a través de décadas de discusiones, generaron la anterior, empobreciendo el texto base y quitándole partes fundamentales. Modifican la definición de humedal, reduciendo su alcance de proyección. Excluyen la posibilidad de restauración de estos ecosistemas y desaparecen definiciones que estaban en el texto y que iban a brindar certezas a la hora de zanjar disyuntivas.

Minimizan la participación de los pueblos indígenas y de las comunidades locales y campesinas, que hoy ocupan legítimamente parte de los humedales. También suprimen el principio de “no regresión” en materia ambiental.

El Inventario Nacional de Humedales pasa a considerarse facultativo, y no obligatorio. Desaparece de manera completa el capítulo sobre el uso racional y sostenible de los humedales. Elimina de plano las prohibiciones a las conductas que afectan, alteran, disminuyen o degradan los humedales. Estos últimos puntos nos permiten interpretar un claro guiño a la especulación inmobiliaria que hoy domina.

¿Qué beneficio genera sancionar una ley de estas características? Lo explica claramente la Multisectorial Humedales de la localidad de Rosario: “Lejos de aportar a la movilización se utilizan las herramientas burocráticas para cooptar el proyecto de Ley de Humedales consensuado”.

De esta manera, un gobierno que se llama a sí mismo ambientalista (injustamente) busca acallar, al menos en parte, la movilización social alrededor de este tema. Entrega como prenda una ley y, a su vez, no modifica en nada las aspiraciones expansionistas del proyecto extractivista que goza del consenso del poder, pero sufre la resistencia de los pueblos.

Con métodos menos visibles, se construye un imaginario de continuidad respecto a las anteriores demandas, cristalizadas en un reclamo concreto de que se sancione una “Ley de Humedales”, pero opaca por completo las acciones de compromiso ambiental y participación. ¿Algo que sucede por primera vez por iniciativa estatal y respecto a una ley? Claro que no, pero esta vez es muy evidente.

Las últimas líneas de esta nota serán destinadas a dejar la misma pregunta que nos hicimos la vez anterior, pero con los significantes que agregamos al análisis: es muy probable que pronto haya Ley de Humedales. ¿Problema resuelto?

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