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Exterminio, versión siglo XXI

Por Lautaro Peñaflor Zangara

Ocho muertes de niños del pueblo wichi en la provincia de Salta en lo que va de 2020, hasta el momento de escribir esta columna y según cifras oficiales, llamaron la atención en los últimos días.

Corresponde mencionar los indicadores de pobreza, que en la zona de la que hablamos son de los más paupérrimos del país. Pero llegar sin más a la conclusión de que allí el Estado está ausente resulta insuficiente en este caso: no se trata de un hecho aislado, ni es una situación a la que se llegó por casualidad.

“Se han vendido territorios con indios adentro. Se han dado permisos para desmonte con indios adentro”, dijo días atrás Octorina Zamora, integrante de la Organización Kainateya del Pueblo Wichi con suma elocuencia, brindándonos un punto de partida para analizar la cuestión.

En Latinoamérica en general, y marcadamente en Argentina, se tendió a negar la presencia indígena desde la efeméride de 1492, historia continuada con el nacer del Estado-Nación democrático. Así puede evidenciarse desde las “campañas al desierto”, hasta los acampes afuera de la casa de gobierno de las épocas recientes.

El Estado cuenta con normativa de la más alta jerarquía, a la que hemos hecho referencia en ocasiones anteriores, y también con herramientas burocráticas que no aplica e incluso, desfinancia.  Sucede con el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), jamás ocupado por alguna persona perteneciente a un pueblo originario. Tampoco se respeta la obligación de consulta previa, la comunicación bilingüe ni la propiedad ancestral.

No estamos ante la ausencia estatal, sino frente a un Estado que toma decisiones, elige rumbos: está presente por la negativa. En Argentina hay más de 40 pueblos originarios, que abarcan más de un millón de integrantes. Hablar de su relevancia histórica y cultural nos hace ingresar en la aberrante trampa de tener que explicar por qué merecen vivir y ser respetados cada vez que alguna noticia (nunca buena, por cierto) llega a la agenda del hombre blanco.

El aparato estatal está al servicio de intereses económicos superadores, por sobre la cosmovisión originaria, respetuosa de los recursos naturales y promotora de una existencia armónica con las especies y el entorno. No obstante, se les criminaliza, se les corre de sus tierras, se les niega la libertad para desarrollar su forma de vida.

Quedan, así, sumidos al abandono, a la muerte, como los casos recientes lo evidencian. Los mismos Pueblos Originarios hablan de plan de exterminio y argumentan que es así porque molestan a los negocios extractivos, a la agroindustria contaminante y a la especulación inmobiliaria. Quizás sea momento de abandonar los eufemismos.

Hablar de la muerte de niños wichi implica comprender por qué no pueden comer y qué peso tienen las decisiones políticas que permitieron, por ejemplo, que el agronegocio haya desmontado en los últimos diez años 1.200.000 hectáreas de bosque salteño, y desalojado alrededor de 100 mil personas de distintas comunidades indígenas que ocupaban esos territorios.

Claro que, ante las cuentas exhaustas de un estado desfinanciado, el dinero fácil es tentador. Viene siéndolo desde hace décadas y las consecuencias están a la vista. El problema es de tal magnitud que no lo soluciona la distribución de tarjetas para comprar alimentos ni el anexo de plazas en centros de salud.

En el siglo XXI ya no llegan barcos a “conquistar” al ritmo del saqueo, ni se cava una enorme zanja. Los modos se sofisticaron: ahora se firman contratos, se otorgan permisos, se inician procesos judiciales, se abandona hasta el extremo a las personas, pero el resultado es el mismo: un proyecto necropolítico en el que los intereses poderosos deciden, por acción o por omisión, quién merece vivir, quién merece morir y de qué modos. (Artículo de opinión para Cambio 2000)

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