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Exceso de lobby

Por Lautaro Peñaflor Zangara

“Es una ley que tiene fuertísimos embates de grupos concentrados. Yo lo padecí en mi gestión. Hay un lobby enorme, lo hubo siempre. El lobby no hace diferencias, actúa como puede. Claramente la industria alimentaria lo hace, igual que algunas provincias azucareras”.

La cita que da comienzo a esta columna pertenece a Adolfo Rubinstein, ex secretario de Salud durante la gestión de Mauricio Macri y refiere a la situación suscitada la semana pasada en la que la Cámara de Diputados buscó tratar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que incluye el etiquetado frontal de alimentos, y no lo logró porque la oposición decidió no dar quórum.

Así es: un dirigente del espacio que decidió no sesionar, frustrando la sanción de la ley, posteriormente -y casi como una confesión de parte- dio una clara explicación acerca de qué es el lobby y cómo funciona.

Los motivos que aludieron Juntos por el Cambio para imposibilitar la sesión fueron de forma, como convocar a último momento y no abrir la agenda a otros proyectos. Pretendían discutir, por ejemplo, el uso de la boleta única papel en futuras elecciones, en plena campaña.

Reconocían, no obstante, que la mayoría del espacio está a favor la ley que bloquearon. Es más, tal y como dice Rubinstein, admiten que las presiones de poderes fácticos existen en esa materia. ¿Por qué, entonces, no aprovecharon la existencia de consenso parlamentario para hackear el lobby y aprobar una ley que la sociedad pide? ¿O será que en definitiva decidieron ser funcionales a eso y no desobedecer a alguien? ¿Existe alguna relación, por ejemplo, entre empresas lobistas y aportes en campañas?

La ley tiene beneficios claros, repetidos hasta el hartazgo y reconocidos por la generalidad de los espacios políticos. Además del etiquetado propiamente dicho, busca intervenir los espacios escolares, generar herramientas para limitar la publicidad cuyas destinatarias sean las infancias y generar parámetros de información valiosos en lo sucesivo.

La propuesta reúne un fuerte apoyo de la sociedad en general y también de los sectores que se especializan en la materia, es decir, una vez más tenemos una muestra de lo alejada que está la agenda política de las demandas populares.

El arco político no fue capaz de ponerse de acuerdo ni siquiera para poner un cartel en ciertos productos expresando “cuidado, esto que estás por comprar contiene más azúcar de lo recomendado”.  ¿Cómo podrían estos mismos actores gubernamentales encarar con seriedad, por ejemplo, el hecho de que la mitad del país es pobre?

Las resistencias más fuertes a la ley, y probablemente también las presiones, provienen de las provincias azucareras (únicos tres votos en contra cuando se trató la ley en el Senado) y de la industria alimenticia. De hecho, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) expresó que el etiquetado “demoniza los alimentos”.

Pese a ello, ningún balance empresarial se vio drásticamente perjudicado en ningún país que haya implementado los rótulos negros. Y hablamos de países de nuestra región: Chile, Uruguay y México ya los utilizan. Perú lo hará el próximo año.

Estamos sólo frente a resistencias respecto a lo que configura un claro reconocimiento de derechos para consumidores de alimentos, en oposición a la pérdida de un privilegio corporativo de las industrias, que la sociedad ya decidió poner en duda. En todos los casos, las mismas pueden reconvertir sus alimentos. Siempre lo han hecho. Así sucedió en todo el mundo. Ninguna empresa quebrará ni ninguna fuente laboral peligrará por esta razón.

“Exceso de lobby” es la campaña que, parafraseando las etiquetas negras que buscan incluir en los alimentos, lanzaron desde distintas agrupaciones de la sociedad civil, luego de la frustrada sesión. Eso fue exactamente lo que pasó. (Artículo de opinión para Cambio 2000)

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