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En vías de extinción

(Por Lautaro Peñaflor Zangara)

“Si existiera el Salario Básico Universal se anotarían 11 millones de personas”, aventuró el dirigente Juan Grabois, en una de las tantas entrevistas que dio en los últimos días, a raíz de que la vicepresidenta, Cristina Fernández, mencionó “los planes sociales” y posteriormente avaló la propuesta del SBU.

Independientemente de esa propuesta, el trasfondo de la discusión implica un análisis acerca de la economía, el mercado de trabajo y los salarios que merece ser discutido. El número que Grabois menciona surge de las políticas sociales eventuales que el gobierno ha motorizado: en Argentina, 11 millones de personas accedieron al IFE durante la cuarentena. Esa cantidad no disminuyó cuando se anunció el Refuerzo de Ingresos, producto de la alta inflación, casi dos años después.

Esto quiere decir que por lo menos un cuarto del país -todas personas que integran la llamada “Población Económicamente Activa”, a grandes rasgos cumple los requisitos para ser destinatario de estos programas.

Este dato se vuelve más interesante aún si conocemos la demografía del sector. Según ANSES, respecto a la población de 18 a 65 años, el 36% tiene ingresos laborales propios, el 18% datos de ingreso por prestaciones de ANSES y el 46% no registra datos de ingresos regulares propios. Este último caso es heterogéneo, porque abarca desde el trabajo no registrado (entre 3,5 y 4 millones aproximadamente), las personas, en muchos casos mal llamadas inactivas (porque incluye, por ejemplo, a las mujeres que trabajan en su casa) y a muchas personas que se dedican a tareas cuentapropistas de subsistencia.

Aquí vemos una realidad: en Argentina el único problema no es “la falta de trabajo”. El quid de la cuestión tiene dos aristas: parte de la población en condiciones de trabajar no tiene quien esté dispuesto a comprar su fuerza de trabajo y otra porción, no menor, accede a puestos laborales en condiciones que distan mucho de las ideales.

La punta del iceberg, muy mencionada también, tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del salario: si medimos cuánto se puede comprar en dólares con un sueldo promedio en Argentina, al menos desde 2015 esa cifra resultante viene cayendo.

A esto apuntan políticas como la generación de una prestación complementaria universal por parte del Estado para algunos sectores: al reconocimiento de que la pobreza, materialmente, es un problema de dinero que se soluciona… con dinero, eludiendo los debates románticos acerca de la educación o la cultura, más retóricos que prácticos.

Es que, por más “cultura del trabajo” que se tenga, la evolución capitalista a partir de la pandemia está hiriendo de muerte lo que conocíamos como “mercado laboral”, en un proceso característico del siglo XXI, que ya no brinda las condiciones para que la persona que trabaja pueda superar la línea de la pobreza, en primer término, y ascender socialmente luego.

La dinámica del mercado de trabajo en el sistema capitalista está cambiando, a la luz de la globalización y la automatización entre otros factores, y mientras tanto hay salarios de pobreza con jornadas de ocho horas, que se parecen a las del principio del capitalismo. Dinámica, contra quietud. Dejar que el proceso simplemente suceda, claramente favorece a los poderes hegemónicos instalados.

Aun así, no es un fenómeno made in Argentina: en el mundo se puede verificar la desaparición del paradigma del trabajo asalariado. El mundo laboral en el que crecieron muchas generaciones, incluso las que actualmente ocupan puestos políticos dirigenciales, está en vías de extinción. Las soluciones anteriores ya no aplican, básicamente, porque cambiaron los problemas. Independientemente de si el Salario Básico Universal resuelve algunas de estas cuestiones, sí tiene la potencialidad de indagar en aspectos que tenemos que debatir.

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