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El peso de la ley

Por Lautaro Peñaflor Zangara

Hace pocas semanas Rosalía Reyes fue condenada a 8 años de prisión, al ser considerada por los jueces como culpable de un “homicidio calificado”.

Rosalía es de Argerich, una pequeña localidad cerca de Bahía Blanca. Hace 15 años, en 2005, tuvo a su bebé en el baño de su casa habiéndose adelantado un mes el parto. Lo hizo luego de dos fuertes contracciones y posteriormente, se desmayó.

La auxilió su hija de 12 años – en ese momento tenía cuatro hijos- y el bebé murió luego de nacer. Fue por este hecho que se la declaró culpable de la muerte. En aquel momento, los relatos del hecho tuvieron cierta repercusión, de manera morbosa, moralizante y acusatoria.

Se hizo hincapié en detalles escabrosos (nunca comprobados, además) y en consideraciones de cómo debería haber actuado. No se preguntaron, ni los medios, ni la justicia ni la opinión pública, por el progenitor.

Sí se encargaron de dictar desde una impostada superioridad qué es lo que debería haber hecho, en lugar de indagar en por qué actuó como lo hizo. Tampoco sucedió con la actuación del Poder Judicial, quince años después, mediante este fallo que comentamos.

Rosalía trabajaba, en ese momento, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche -16 horas- en la cooperativa del frigorífico de pollos La Gleba, muy conocido en la región. Cuando tuvo a su hijo Brian ya era su lugar de trabajo y debió reincorporarse a los quince días de que naciera.

Prestaba servicios bajo el régimen de monotributo. Es decir, la unía con la empresa una relación laboral encubierta, careciendo de licencia por maternidad, días por asuntos de salud y tampoco tenía vacaciones.

No es el único caso: se trata de una práctica extendida que cristaliza la llegada de una reforma laboral de hecho, al volver vulnerable el vínculo laboral y flexibilizar todas las características que éste debe tener según el ordenamiento. El nivel de generalidad que alcanza esta metodología es sorprendente y avanza muy rápido.

Rosalía ocultó todo lo que pudo su embarazo por temor a perder el empleo. Horas después del hecho, solicitó a su hija que pidiera ayuda. Llamó a su psicóloga, que avisó a la policía. La consecuencia: allanamiento y detención, según relata el sitio Latfem.

Le reprochan no haber dado un auxilio que físicamente no podía dar, porque su vida también corrió peligro. Para el fiscal Jorge Viego “la justificación que brindó la acusada no resulta creíble” y tuvo un “plan para deshacerse de la criatura”.

El concepto de “interseccionalidad” se da cuando varios motivos interactúan al mismo tiempo de forma inseparable. Es esencial para comprender en profundidad un hecho social. En este caso, por vía de la ley, podemos contar que operaron -al menos- ser mujer, vivir en situación de pobreza, y tener una relación laboral de explotación. De manera coordinada, todo fue llevando al desenlace: una sentencia por homicidio. De la relación laboral abusiva, del progenitor y del aparato de violencias que medió, ni una palabra.

Rosalía también sufrió malos tratos. Seguramente todavía los sufre. ¿Cómo actuamos cuando la violencia es institucional y laboral, cuando proviene de quienes -dicen- tienen la responsabilidad de proteger? ¿Quién juzga y cómo se juzga cuando no hay un nombre como el de Rosalía a quien señalar? ¿Somos tan crueles al señalar esas instancias de maltrato sistemático y constante? ¿O simplemente las aceptamos y continuamos?

¿A quiénes se cae con todo el peso de la ley en nuestro sistema? ¿Para quienes el aparato legal es como agua que se escurre entre los dedos a la hora de eludirla? El caso es muy elocuente.

La condena a Rosalía Reyes fue dictada el 19 de febrero de 2020. Ese mismo día se realizó un pañuelazo pidiendo que el aborto sea legal. (Nota de opinión para Cambio 2000)

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