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El derecho al olvido y las felicitaciones de Google

Por Lautaro Peñaflor Zangara

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer su fallo respecto al llamado “derecho al olvido”, pretendido por Natalia De Negri respecto a hechos ya por todos conocidos. Específicamente, resolvió negar su solicitud alegando que limitaría las libertades de expresión e información.

El derecho al olvido es una de las discusiones más vivas de nuestro tiempo, porque en su núcleo reside el inexcusable hecho de que el entorno digital llegó para quedarse, replanteando e interviniendo en los protocolos sociales, incluso, de nuestra misma cotidianeidad. ¿Qué significa hoy “olvidar”? ¿Hasta qué punto puede colisionar con otros derechos? ¿Qué peso tienen las corporaciones tecnológicas en el nuevo diseño de nuestras prácticas públicas, privadas e íntimas?

El derecho al olvido en Internet es el que garantiza a las personas físicas que así lo requieran, que la información que se haya publicado sobre ellas en Internet sea removida de la Web bajo ciertas condiciones y por los mismos medios por los que fue incorporada.

En el caso argentino, De Negri alegó que los videos que circulan en la web corresponden a un tiempo de su vida que considera superado. Planteó que se daña su intimidad y su dignidad. En sentido contrario, el fallo habló de derechos a la libertad de expresión y a la libre información cuando los hechos son veraces. Este es el punto, que ya supo ser discutido en tiempos analógicos: intimidad contra libre expresión.

Resultaría, al menos, inocente desconocer que Google no es la revista Caras de la época del fallo Ponzetti de Balbín: es una corporación trasnacional, con fuertísimo poder concentrado y capacidad de influencia en la hegemonía y la formación de sentido.

La Corte Suprema argentina falla a favor de la libertad de expresión y el derecho a informarse pero, en definitiva, termina colocando un cerco a esas prerrogativas, desde siempre discutidas: son, en tanto suceda en el marco de esas mismas corporaciones.

Es que las mismas plataformas -que se nutren y también robustecen su poderío a partir del contenido que generan quienes las usan- no son neutrales. Tienen puntos de vista, están intervenidas por diversas formas de publicidad, tienen peso político, jerarquizan ciertos mensajes y, debemos decirlo, también ejercen la censura. Con mejores o peores intenciones (podemos discutirlo), hoy la libertad de expresarse está arbitrada por corporaciones globales.

Facebook no es simplemente un lugar para encontrarse en el entorno virtual con gente que hace mucho no frecuentás, la virtud de Instagram no pasa únicamente por compartir fotos estéticamente impecables, ni Google es únicamente un potente motor de búsqueda.

Entre otras cosas, el entorno virtual desterritorializa las discusiones. Deja de tener sentido práctico si hablamos de Argentina, Nueva York, Noruega o Namibia, porque el poder está más globalizado que nunca. Mientras, los aparatos judiciales hacen lo suyo: ratifican que, en el capitalismo hiperacelerado posterior a la pandemia, las corporaciones mandan.

Quizás el dato más concreto que podemos encontrar, es que Google felicitó a la Corte Suprema. “Valoramos positivamente el fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia, que confirma su fuerte compromiso con la libertad de expresión (…)” dice la felicitación. Hagamos el ejercicio de imaginar qué críticas recibiría el jefe de un Estado occidental si tomara explícito partido por una decisión de otro poder. Aunque las corporaciones se nos presenten como inocuas, no lo son. Afirmar que el derecho al olvido ratifica la libertad de expresión e información, pero desconocer que el poder corporativo dispone hoy de la prerrogativa incuestionada y casi imperceptible de marcar de qué se habla, de qué no y cómo se lo hace, cristaliza un cerco del cuál, prácticamente, no se puede fugar.

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