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Ecuador: un caso de resistencia originaria

Por Lautaro Peñaflor Zangara

Ecuador es uno de los países latinoamericanos que atraviesa un momento complicado. Luego de un decreto del presidente Lenín Moreno, una multitud de personas se apersonó en las calles en señal de protesta, obligándolo a dar marcha atrás.

Es que el llamado “paquetazo” incluía la eliminación de subsidios históricos al diésel y a la gasolina, incrementando considerablemente sus costos. Los primeros en llamar a un paro nacional fueron los transportistas y la respuesta de otros sectores no tardó en llegar: el costo impactaría en insumos básicos, como alimentos, que deben ser trasladados, en una sociedad que atraviesa momentos de recesión.

Las jornadas tuvieron, además, como grandes componentes a estudiantes y asambleas autónomas de distintos pueblos originarios y organizaciones que los nuclean. Según los protestantes, la normativa decretada por el mandatario obedecía a mandatos del FMI y aquí detectamos la primera de varias coincidencias con la coyuntura de nuestro país.

Los reclamos trascendieron la negativa al paquetazo, rechazando además la intromisión del Fondo y reclamando en contra de las industrias extractivas, instaladas hace tiempo en el país: otro ítem que también se da en Argentina.

No es casual la participación de los pueblos originarios. La instalación de emprendimientos nocivos para extraer recursos naturales de los suelos se dio en una zona donde están asentadas varias comunidades indígenas. Más precisamente, en la Amazonia ecuatoriana.

En ese lugar la empresa china Explorcobres lleva a cabo el proyecto minero San Carlos Panantza, para extraer oro y cobre. En este caso es China, pero en otros el capital proviene de Estados Unidos.

En Ecuador el 7% de la población se autodefine originaria, aglomerando el país gran cantidad de identidades, entre ellos, la Kichwa, la Achuar, la Chachi, la Sion y la Secoya, además de la Shuar.

Esta última denuncia la militarización de la zona desde el gobierno de Rafael Correa, incluyendo la declaración del estado de excepción, permitiendo que las fuerzas expulsen de sus tierras a centenares de personas, obligándolas a caminar kilómetros por la selva y sometiéndolas al abandono de su estilo de vida.

Esta lógica trasciende gobiernos. Si durante los llamados “gobiernos populistas” desde el discurso se aglutina a los pueblos originarios pero en los hechos se los margina, en los gobiernos de derecha se los transforma en terroristas y se los persigue.

Como sucedió con la ya olvidada “RAM” en el caso mapuche -cuyas tierras coinciden con Vaca Muerta- en Ecuador se criminaliza a líderes indígenas, acusándolos de sedición y contaminando sus luchas con la idea de peligrosidad.

Desde el punto de vista legal, la Constitución ecuatoriana de manera similar al ordenamiento argentino, reconoce a los pueblos originarios el derecho a ser consultados previamente en lo que respecta a sus territorios, a no ser desplazados y a limitar la actividad militar en sus zonas.

Pero para los proyectos extractivistas -llevados a cabo por los grandes poderes del globo terráqueo y sus brazos jurídicos ejecutores, los Estados- las comunidades que cultivan la tierra y la defienden, son obstáculos. Quizás las leyes sean letra muerta si no legitiman tal o cual situación.

El decreto del presidente Lenín Moreno fue el desencadenante de un estado de cosas que hace muchos años se percibe conflictivo. No es casual que los pueblos originarios hayan encabezado la reacción popular.

Una reacción que no es sólo a un impuesto: es al ideal de “modernidad capitalista”, que no es más que una disputa de poder para definir quién explota los recursos naturales a costa del bienestar de las mayorías. Como si se tratara de un tablero de ajedrez en el que nosotros, los seres vivos, somos piezas descartables. (Nota de opinión para Cambio 2000)

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