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Cultura del exterminio

Por Lautaro Peñaflor Zangara

La ciudad cabecera de nuestro distrito, Adolfo Alsina, se llama Carhué. En esta oración reside una profunda contradicción, que a su vez simboliza muchas de las violencias sobre las cuales se construyó nuestro Estado Nacional y que tiene implicancias directas sobre nuestra tierra.

Sin embargo mucho no hablamos del tema. Quizás se deba a esa conocida expresión que afirma que a la historia la cuentan los vencedores. Carhué es un vocablo mapuche: significa lugar verde o lugar de verdor. El partido que alberga la localidad lleva el nombre del ministro de Guerra durante la presidencia de Nicolás Avellaneda.

En ese momento, la guerra no se vinculaba estricta ni exclusivamente con la política exterior: implicaba avanzar sobre los Pueblos Originarios. Sí, aquellos que le dieron nombre a nuestra tierra y que consideraban a Salinas Grandes un punto neurálgico de la Confederación Mapuche, por sus características naturales y especialmente por nuestra laguna.

No es aleatorio el hecho de que nuestra localidad, de manzanas perfectas y plaza en el centro, en lo alto se encuentre un homenaje a Nicolás Levalle: uno de los principales jefes de la llamada “Campaña al desierto” (vaya nombre). Invitar a la reflexión crítica de esta parte de la historia no debería quedar limitado a la voluntad de quienes eligen hacerlo, tanto en escuelas como en otros ámbitos. Menos aun siendo la nuestra, tierra protagonista de aquellos sucesos.

Es que, desde entonces, la construcción de la identidad nacional se valió de innumerables elementos sociales, culturales, pedagógicos y materiales que fueron dando continuidad a un sistema de opresión, marginación y criminalización hacia nuestros Pueblos Originarios. Este engranaje, con matices, se sostiene hasta nuestros días. Basta observar lo que sucede en la Lof Quemquemtreu, cerca de El Bolsón y los discursos de odio que dirigentes políticos de primera línea se atreven a sostener.

Evidentemente, la tierra ha sido y es un objeto de disputa con las diversas poblaciones indígenas, a pesar de su preexistencia étnica y cultural, visible en el plano fáctico y plasmada en lo más alto de nuestro sistema legal. A pesar de ello, y lejos de reconocer la propiedad ancestral que es reconocida, hoy los distintos Pueblos resisten desde sus trincheras, recibiendo respuestas desde burocráticas hasta criminalizantes.

Mientras son sistemáticamente expulsados de sus comunidades, la respuesta del Estado fue la Ley de Tierras, sancionada en 2006 con el objetivo de relevar las territorios ocupados por las comunidades indígenas, una de las principales obligaciones que el Estado argentino contrajo al reconocer los derechos de los pueblos originarios. La medida suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas, hasta que no termine dicho registro.

El relevamiento debía realizarse en 3 años, pero la norma debió ser prorrogada en 2009, 2013 y 2017 ante la falta de avance en su cumplimiento. A 15 años de su aprobación, más de la mitad de las comunidades aún no cuentan con el relevamiento culminado. Según datos oficiales del INAI, de las 1.760 comunidades indígenas registradas en todo el país, solo 745 cuentan con el relevamiento finalizado. Hoy piden que la norma vuelva a prorrogarse.

¿Con quiénes o ante quiénes se da la disputa territorial, de la que los Estados son meros árbitros? Como sostuvo días atrás el psicólogo, historiador e investigador Marcelo Valko en una interesante actividad virtual organizada por el colectivo de Rivera “Pueblo Chico, sueños grandes”, la Conquista al Desierto fue por motivos económicos. Es interesante observar cuánto de esto sigue siendo de la misma manera.

La actividad mencionada se llamó “La zanja del bien y del mal”, en referencia a la tristemente célebre “Zanja de Alsina”. Quizás hoy esa zanja ya no es materialmente visible. Sin embargo, resulta un interesante ejercicio pensar en qué dispositivos todavía hoy existe y opera sea línea divisoria. (Articulo de opinión para Cambio 2000)

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