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Basura geopolítica

Por Lautaro Peñaflor Zangara

El gobierno nacional derogó un decreto de la gestión anterior, difundido como la norma que permitía la importación de basura al país.

Efectivamente, el texto flexibilizaba los requisitos para el ingreso al país de desechos domiciliarios, industriales y comerciales. El punto nodal era, precisamente, dejar de exigir a los países exportadores la presentación del certificado de inocuidad sanitaria y ambiental. De esa manera, quedaba autorizado el ingreso de residuos contaminantes y tóxicos.

Si bien era claramente inconstitucional, el ruido judicial fue escaso: no hubo tanto apuro como, por ejemplo, sí sucedió con el proyecto respecto a las jubilaciones de privilegio, acusado de contrario a la constitución con extrema urgencia, incluso antes de su sanción. Prioridades.

Pero, además de ser contrario a la ley vigente, debemos considerar que fue determinante el conflicto de poderes entre algunos de los polos de poder político mundial. Desde 1992, China recibió prácticamente la mitad de los residuos del mundo. Producto de la guerra comercial que la república popular sostiene con Estados Unidos, decidió prohibir el ingreso de basura norteamericana.

Desde ese momento, Norteamérica comenzó a buscar destino para sus desechos, presionando a países como Camboya, Ghana, Bangladesh, Kenia o Etiopía. Y también a otros más cercanos, tales los casos de Ecuador, Paraguay y… Argentina.

Estos dos últimos, en particular, lo evidencian con claridad: el decreto argentino tiene fecha del 26 de agosto, mientras que en Paraguay una norma similar fue aprobada por el Congreso menos de un mes después, el 20 de septiembre. Casualmente, muchos de los países citados necesitaban auxilio financiero de la comunidad internacional. El funcionamiento interno del FMI, por ejemplo, depende en gran medida de la voluntad estadounidense. En simples palabras, la basura como elemento de la geopolítica.

Volviendo a la cuestión local, la gestión de residuos de Argentina no es perfecta como para permitirse importar. Nuestro país genera 40.000 toneladas de basura por día. En el año, sólo considerando residuos plásticos, se producen 2.705.318 toneladas, según datos de la fundación Vida Silvestre.

Gran cantidad de esas siderales cifras va a parar a rellenos sanitarios, a basurales a cielo abierto o a la incineración. Los cartoneros llegan a reciclar, sin apoyo ni infraestructura, sólo el 20% de lo mencionado. El decreto hubiese significado para ellos un problema, no sólo por la reducción del precio de su material de trabajo sino también porque necesitan vender lo que recolectan y no que ingrese competencia de otras latitudes (como cualquier sector de la economía).

La lógica del mercado aplicada a debates más profundos -como la escasa o casi nula sostenibilidad de un sistema que acumula inconscientemente, la utilización de los suelos públicos o la presencia de industrias destructivas que aniquilan cualquier esfuerzo individual- siempre arroja consecuencias poco convenientes para las mayorías. La discusión no puede ni debe reducirse a responder a presiones de otros países ni a permitir el saqueo del bienestar a cambio de fluidez monetaria al instante.

Los asuntos nombrados seguirán siendo problemas después de la anulación del decreto y, si bien la norma establece el plazo de 180 días para realizar una propuesta superadora, es importante que la proactividad vaya más allá de una derogación al antecesor como chicana política.

Es relevante que se convoque a ambientalistas y a los sectores de la economía popular involucrados. También poner en cuestión los hábitos individuales y colectivos, públicos y privados que nos trajeron hasta aquí.

Por lo pronto, contamos con una regulación tóxica menos. ¿Cuántas restan? (Nota de opinión de Lautaro Peñaflor Zangara para Cambio 2000)

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