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Aborto: presentan un proyecto para la producción pública de misoprostol y mifepristona

Se trata de medicamentos considerados por la Organización Mundial de la Salud como esenciales, que garantizan el acceso a abortos seguros. El objetivo de la iniciativa es contribuir a regular el precio de estos fármacos, que hoy suele ser inalcanzable.

Desde el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol (MISObservatorio) presentaron este martes en el Congreso Nacional un proyecto de ley de producción pública de misoprostol y mifepristona, los medicamentos que garantizan abortos seguros, con el objetivo de asegurar su implementación en todo el país. 

La iniciativa impulsada por Magui Fernández Valdez, miembro del MISObservatorio y candidata a diputada nacional por el Frente de Todes (FdT), se dio el 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en coincidencia con la primera vez que Argentina cuenta con aborto legal para esa fecha. Por su parte, la diputada del FdT, Mónica Macha, tomó el proyecto y le dio ingreso formal para impulsar su tratamiento legislativo.

El misoprostol es un medicamento que se usa para abortar y que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos multilaterales como el método más seguro para esta práctica, e incluso contempla su uso de manera ambulatoria durante el primer trimestre. 

Medicamentos esenciales

Asimismo, desde 2005 la OMS lo incluye en su lista de medicamentos esenciales, lo que contempla que esté disponible en todo momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas apropiadas, con una calidad garantizada y a un precio accesible.

En diálogo con Página|12, Magui Fernández Valdez explicó que «en Argentina el misoprostol es el medicamento aprobado y más utilizado para garantizar abortos seguros» y que «este proyecto permitiría tener un diseño estratégico sobre la producción pública y que se pueda garantizar el abastecimiento y distribución en todo el país».

A su turno, Macha, quien además preside la comisión de Mujeres y Diversidad en la Cámara baja, indicó a este diario que la iniciativa «es un componente fundamental que acompaña a la ley de interrupción voluntaria del embarazo».

«Hay provincias como la nuestra (Buenos Aires) que tiene una política activa en relación a este tema, pero no es la realidad de todas las provincias. Es importante tener esta herramienta para poder lograr que haya misoprostol y mifepristona en todos los centros de salud y hospitales», subrayó.

Alcances del proyecto

La iniciativa busca garantizar la producción pública de medicamentos esenciales para la realización de las prácticas farmacológicas garantizadas por la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo y acorde a la Ley 26.688 de Salud Pública. 

La misma apunta a «promover la investigación, desarrollo y producción de misoprostol y mifepristona», garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la salud de manera segura, así como promover la inversión pública.

Otro de los puntos señala la importancia de la participación de la producción local pública y privada en la provisión de estos medicamentos, además de observar los avances científicos en esta materia e incidir en las políticas públicas.

Según el texto, se busca promover el financiamiento en investigación e infraestructura para potenciar el ejercicio del derecho a gozar de los últimos desarrollos científicos de las personas usuarias de misoprostol y mifepristona, como así también ámbitos de investigación en el sistema científico. Por último, apuesta a generar ámbitos de divulgación de los conocimientos producidos por el quehacer científico-tecnológico y sus aplicaciones en la sociedad.

Una vez aprobado el proyecto, la autoridad de aplicación deberá realizar la implementación, monitoreo y evaluación en torno a la producción pública de estos medicamentos, incentivar su investigación y desarrollo tecnológico y evaluar su impacto.

En cuanto a la situación del país, se deberán suscribir convenios con las provincias que lo soliciten, a fin de que se implemente la presente ley en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. También con instituciones de salud del sector privado, las obras sociales y prepagas, para la capacitación de su personal.

La situación actual

En Argentina, los Laboratorios BETA (Oxaprost) y Domínguez (MISOP200) producen misoprostol a precios inaccesibles. También se encargan de esta tarea dos laboratorios públicos: Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado de Santa Fe (que vende al sistema público de salud) y la Productora Farmacéutica Rionegrina S.E (que también provee al sistema público en la provincia de Río Negro). En agosto de 2021 se dio a conocer la noticia de que Laboratorios Puntanos de San Luis comenzó a realizar pruebas de producción.

En el último caso, Fernández Valdez detalló que el desarrollo cuenta con algunas particularidades, como que las pastillas tienen otra composición química, tienen sabor a menta y permitirían sostener las dosis con un número menor de pastillas. 

«Estas son medidas muy acordes al tiempo histórico que nos toca vivir, que piensan al aborto de una manera más desestigmatizada y desdramatizada, proponiendo otro método para abortar», sostuvo la candidata a diputada. 

Regulación de precios

Un punto clave dentro del proyecto tiene que ver con promover el establecimiento de precios de referencia de misoprostol y mifepristona producidos por laboratorios comerciales que puedan ser recalculados acorde a los contextos inflacionarios. Esto es importante para que se constituyan como una herramienta tanto para controlar segmentos monopólicos y oligopólicos, como para promover la competencia genérica en el sector privado.

Si bien en su artículo 12 la Ley 27.610 establece la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud, quien decida acudir directamente a una farmacia se encontrará con precios inalcanzables. En el caso de Laboratorio Domínguez el precio se ubica alrededor de los 8600 pesos, mientras que esa cifra alcanza los cerca de 14 mil pesos en Laboratorio Beta. 

«Estos precios hacen que sea completamente inaccesible comprar misoprostol en farmacia. Es por eso que la ley prevee la fijación de precios de referencia que ayudaría a empezar a establecer regulaciones en torno a los precios que los laboratorios establecen para este medicamento», aseguró Fernández Valdez.

En la misma línea, Macha resaltó la necesidad de implementar la producción pública «porque sino queda en manos de dos laboratorios que lo producen y son quienes terminan definiendo cuál es el precio que va a tener para las personas que lo necesitan». 

El primer informe del MISObservatorio expuso la necesidad de analizar esta situación en clave feminista: «Más allá de las brechas salariales, lo que es importante analizar es qué porcentaje de las mujeres tienen ingresos por debajo del costo mínimo de una caja de Misop 200, que es la presentación más económica que puede conseguirse en farmacias».

La salud es un derecho

En sus fundamentos, el texto del proyecto destaca que «es necesario garantizar el acceso a misoprostol y mifepristona en todo el territorio nacional y desarrollar políticas para generar un marco que permita fortalecer el ejercicio de derechos».

Sobre este punto, remarca que «es necesario considerar que el problema del acceso a medicamentos en Argentina genera un déficit de legitimidad en el sistema de salud pública y pone de manifiesto la necesidad de construir prácticas que rompan con su inequidad».

En ese sentido, la OMS considera que el acceso equitativo a medicamentos seguros y asequibles es de importancia vital para que todo el mundo goce del grado máximo de salud alcanzable.

Además, la propuesta pone el foco en la seguridad de abortar con este tipo de medicamentos. «El misoprostol es una medicación muy segura que implica un tratamiento ambulatorio. A veces cuando se habla de estos temas tal vez hay un imaginario de prácticas de otra época», enfatizó Macha. 

Por último, Fernández Valdez precisó que cuando se usa de manera correcta, «la efectividad del aborto con misoprostol es del 85 por ciento» y que «los riesgos medicamentosos son muy bajos y muy controlables con un sistema de salud preparado». (Página12.)

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