A confesión de parte…

Lautaro Peñaflor Zangara

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017, en el marco de un operativo represivo de Gendarmería Nacional en el Pu Lof en Resistencia Cushamen, provincia de Chubut. Maldonado, de 28 años en el momento del hecho, estaba allí apoyando la resistencia del pueblo Mapuche en defensa del territorio.

Setenta y siete días después, el 17 de octubre de ese mismo año, fue encontrado muerto dentro del Pu Lof. Mucho se dijo sobre él durante su búsqueda y luego de la aparición del cuerpo: murió ahogado, por qué se tiró a un cauce de agua si no sabía nadar, que hay un pueblo donde todos se parecen a Santiago Maldonado, que se había ido a Chile…

La ONG Amnistía Internacional denunció después que el mismo gobierno -cuyo presidente era Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- había difundido noticias falsas a través de trolls en redes sociales y había amedrentado digitalmente a activistas y comunicadores que buscaban expresarse sobre el caso.

Los procesos judiciales no garantizaron la justicia y, al día de hoy, gran cantidad de personas duda cuando se menciona que se trató de una desaparición forzada seguida de muerte, en el marco de un proceso represivo, a pesar de que los hechos están a la vista.

En aquel momento la estrategia fue cerrada: denostar a la familia de Santiago y dar fuerza de verdad a la versión policial, que se transformó en la versión gubernamental, por parte de una dirigencia dispuesta defender de manera pétrea su gestión represiva, porque caso contrario se debilitarían políticamente.

En los últimos días el nombre de Santiago Maldonado volvió a ser mencionado, esta vez, por parte de una dirigente de Juntos por el Cambio: Florencia Arietto, ex funcionaria de Patricia Bullrich, ahora militante de Horacio Rodríguez Larreta en la interna opositora, de antaño kirchnerista (no es la única que ha recorrido todo el espectro político, nobleza obliga).

En este contexto de interna despiadada entre dos figuras que aspiran a la presidencia, Arietto acusó a Bullrich de “doblar a 180 todas las curvas” y dijo que “no se puede dejar muertos en todos los desalojos como Maldonado en Cushamen y Nahuel en Mascardi”.

Maldonado, el que se había ahogado, aquel cuya muerte fue utilizada políticamente por su hermano para cobrar un subsidio, el que no tenía nada que hacer en Resistencia Cushamen. Rafael Nahuel, el que “se enfrentó a la policía” a pesar de que justamente un efectivo policial lo mató de un disparo por la espalda, el que tenía un primo que mintió en un móvil televisivo, el que pertenecía a una agrupación terrorista ultraviolenta… Sean cuales sean las infamias que se dijeron, extrañamente Arietto aportó un poco de racionalidad: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron asesinados por la policía en el marco de procedimientos represivos que contaron con directivas políticas.

“A confesión de parte, relevo de pruebas”, dice un aforismo popular en el mundo jurídico. Que una funcionaria del entonces gobierno diga textualmente lo que muchos sostuvimos desde el principio, habla del conocimiento acerca de la crueldad criminal con la que gestionaron los hechos descriptos y de la perversa máquina de impunidad que activaron al respecto.

Es deseable que Florencia Arietto, a quien su propio espacio ya le cobró “el exabrupto”, también haya reflexionado acerca de sus declaraciones de hace unos meses asegurando que a la provincia de Buenos Aires (en referencia al Conurbano, imagino) “hay que entrar con metra”. Sí, ametralladoras.

Probablemente sus expresiones respecto a Santiago se deban a un debate de coyuntura política, en el cual todo vale para denostar a quien está en frente para la siguiente elección de su propio espacio. Sin embargo, de toda la brutalidad que se despliega en este tiempo de internas feroces, evidentemente también surgen algunos aspectos que quiebran el tétrico silencio impune que se sostuvo durante todos estos años.