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Un Código Penal hecho a medida

Por Lautaro Peñaflor Zangara

Quinientos cuarenta artículos conforman el proyecto de reforma del Código Penal que el oficialismo presentó en el Congreso. Busca reemplazar a la normativa existente, que data de 1921 y cuenta con casi mil enmiendas, resultando atinada una modernización en la materia.

Se buscará la aprobación en un año particular. En los años en los que hay elecciones, estadísticamente la actividad parlamentaria disminuye sensiblemente. Los acuerdos entre los bloques suelen complicarse, y el anhelado consenso por lo general no llega.

No es un dato que el gobierno desconozca, sino que probablemente tenga sus motivos para promover la discusión en este momento, aun sabiendo que son pocas las posibilidades de que el Código se sancione.

Uno de esos motivos es que oficialismo también estará en campaña y fomentar el debate alrededor de la seguridad es un insumo que están dispuestos a utilizar. Los indicadores sociales y económicos no muestran buenos resultados ni lo harán en los próximos meses, de manera que el articulado del nuevo Código garantizará semanas de intercambio en temas que le sientan bien.

La normativa no propone un cambio en el sistema de penas, sino que prevé el incremento de las sanciones existentes e incorpora algunas conductas. Delitos de corrupción, por ejemplo, aumentan los años de cárcel de 8 a 12, pasando a ser no excarcelables. De la misma manera, se suman figuras vinculadas al narcotráfico. También restringe la prisión condicional de manera extrema.

En estos últimos temas el gobierno insiste de manera permanente. Aun así, se trata de fenómenos complejos que no se resolverán con un incremento en los años de la pena.

Llama la atención que se aumenten las penas, cuando el mismo gobierno nacional decretó la Emergencia Penitenciaria en las prisiones federales, por el hacinamiento, el déficit estructural y las condiciones inhumanas de detención. Es observable la contradicción de que ambas medidas se proyecten al mismo tiempo.

El proyecto prevé sanciones para el “tráfico y permanencia ilegal de migrantes”. Tráfico y permanencia son dos mundos irreconciliables: mientras el primero puede vincularse con el delito organizado, en el segundo puede sancionarse a la persona migrante en particular. La Corte Interamericana y la ONU, por ejemplo, consideran que la criminalización de la migración irregular es contraria a Tratados Internacionales y un aspecto externo al margen de discrecionalidad de los estados.

Se sanciona el “entorpecimiento del transporte público” (los piquetes), atacando de lleno a la protesta social como forma de expresión que es frecuente frente a un gobierno que suele tomar medidas antipopulares. También se incorpora como delito a la conducta de arrojar objetos contundentes, aunque no se lesione a terceros ni se dañen cosas. Quizás sea demasiado, ¿no?

Otro punto que despertará polémica es el tratamiento del aborto. Si bien se mantienen las causales para la interrupción del embarazo, se habla de la no punibilidad cuando corra riesgo la salud “física o mental” de la mujer. En el código actual sólo se habla de “salud”, sin aclaraciones. La interpretación que se da a la palabra, según la OMS, es más amplia al abarcar además de aspectos físicos o psíquicos, cuestiones sociales y ambientales. 

Se incorporan figuras como el “aborto culposo”, que implica negligencia o impericia. Esto puede generar la persecución de los profesionales que realicen la práctica. También se agrega el delito de “lesión al feto por nacer”.

El proyecto generará numerosos debates, pese a no proponer reformas estructurales ni caminos diferentes a lo ya recorrido. Aunque no llegue a sancionarse, estamos ante un Código Penal a la medida de Cambiemos… no estrictamente a la medida de su gobierno, pero sí de su campaña.

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