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Silenciar, amedrentar y atemorizar

Por Lautaro Peñaflor Zangara

Según un estudio de la ONG especializada en defensa de los derechos humanos Frontline Defenders, en sólo un año se contabilizaron 321 asesinatos contra líderes sociales en todo el mundo. De ellos, el 75% fueron latinoamericanos y más de tres cuartas partes de estos últimos defendían causas vinculadas con la tierra, el medio ambiente y los derechos de los Pueblos Originarios.

El estudio mencionado, además, vincula a los activistas asesinados con las causas que defendían. En tal sentido, en primer lugar aparecen temas relacionados con la minería y la explotación extractiva; en segundo lugar la agroindustria y en tercer lugar, agua y represas hidroeléctricas.

En todos los casos se conocieron, previo al desenlace fatal, amenazas, aprietes y denuncias pretendiendo criminalizar la protesta. El fin último siempre fue neutralizar las denuncias. Callar voces, en un sistema que debiera proteger la libertad de expresarse.

Se trata de una realidad transversal a toda América del Sur, y detrás de la frialdad de las cifras se esconden casos que rara vez son difundidos masivamente, pese a la gravedad que implican y la sistematicidad con la que suceden. Debemos considerar, también, que la letal es la menos invisible de un cúmulo de violencias que busca silenciar, amedrentar y atemorizar.

La situación es advertida también por instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. No obstante, las líneas de acción no van más allá de la realización de veedurías e informes y los llamados de atención formales.

Es clarificador, en este sentido, el caso de Berta Cáceres: una líder hondureña, perteneciente al pueblo Lenca, quien fue asesinada en 2016. Ella era la cabeza de los movimientos que se oponían a la privatización del Río Gualcarque y a un megaproyecto hidroeléctrico llevado a cabo por la empresa Agua Zarca.

Las protestas siempre fueron pacíficas y, a pesar de ello, reprimidas. Las zonas naturales en cuestión se encontraban militarizadas y los pueblos que allí vivían eran hostigados. Luego de su muerte, una de sus hijas denunció 33 amenazas a su madre a raíz de sus luchas.

También dijo que el Estado hondureño tenía conocimiento de estas causas y que era responsable de lo sucedido. Al día de hoy, no está claro quién mató a Berta Cáceres: la impunidad forma parte de la respuesta oficial ante estos casos.

Es que, en esta estructura, los gobiernos actúan como aliados de los poderes financieros. De otra manera no podríamos explicar, por ejemplo, las actuaciones judiciales criminalizantes y persecutorias, cuyos engranajes institucionales forman parte de los sistemas republicanos.

Llama poderosamente la atención la similitud en los hechos de cualquiera de los casos que analicemos, análogos al de Berta Cáceres. Reclamos visibles contrarios a intereses económicos, criminalización, persecución, amenazas e impunidad. Se contabilizan hechos en Colombia, Chile, Brasil, Guatemala, Venezuela, México y, entre otros, también en Argentina.

Resulta paradójico que, en un contexto en el que son cada vez más los llamados a proteger el planeta, aquellas personas que lo hacen con su cuerpo y con su voz sean perseguidas y amenazadas. Más aún en la era de las democracias modernas.

Pocos días nos separan de un nuevo 24 de marzo, fecha en memoria de la última dictadura eclesiástico cívico militar en Argentina. La memoria, además de histórica, debe ser un ejercicio contemporáneo permanente. Una línea de análisis que nos dé herramientas para valorar el presente, aún con las diferencias entre aquella época y nuestros días.

¿Existen en la actualidad visiones de la realidad que hagan peligrar la vida de las personas sólo por defenderlas? La respuesta, de acuerdo a los datos expuestos, queda clara. (Nota de opinión de Lautaro Peñaflor Zangara para CAMBIO 2000)

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