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La uberización de la economía

Por Lautaro Peñaflor Zangara

Un decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri estableció recientemente una modificación en la fórmula con la que se calculan las indemnizaciones por accidentes de trabajo.

Pasó de utilizarse la tasa del Banco Nación -establecida en 2017 por Ley- a utilizarse el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y, como consecuencia, los intereses pasaron de un 71% anual, a un 30,6% según estimaciones.

Varios puntos de la medida fueron cuestionados, además del claro perjuicio en los montos. Entre ellos, su inconstitucionalidad. Se rechaza que exista “necesidad y urgencia”. Además, los expertos señalan problemas técnicos a la hora de la aplicabilidad. Y también critican que va en contra de derechos adquiridos de los trabajadores. Al ser el derecho laboral progresivo por principio, los retrocesos en la materia son impugnables.

Por lo pronto, el decreto está vigente y seguramente comenzará a ser aplicado. No obstante, también llegarán planteos a la justicia y el Congreso aún debe ratificar o no el DNU. Dada la configuración actual del Poder Legislativo, no es seguro que la norma prolifere.

El decreto de Mauricio Macri tiene un valor simbólico que trasciende la coyuntura: significa que la tan mencionada “reforma laboral” está ocurriendo. No es un secreto que, para el gobierno, “reducir el costo laboral” es un imperativo para “atraer inversiones”.

Eso, en otras palabras, significa una protección menor para los trabajadores, afectando derechos como la composición salarial, los beneficios de la seguridad social o el descanso. La duda que surge es hasta qué punto se trata de un fenómeno respecto al cual un gobierno pueda decidir, o si se trata de nuevas modalidades de trabajo que el sistema global acepta como válidas, aunque desprotejan a los asalariados.

Estamos transitando lo que algunos ya llaman “uberización” de la economía, haciendo alusión a la plataforma de transportes. Un sistema que se define como colaborativo, en el que no hay jefes definidos, ni tampoco horarios o salarios.

Las plataformas digitales que cuentan con trabajadores aislados, cuyas relaciones laborales se parecen más a las informales que a las registradas, avanzaron en la oferta de varios productos y servicios: las hay para deliverys, para transporte, para alquileres, para contratar profesionales y para acceder a servicios financieros. Su expansión es continua y se configura como un nuevo paradigma en el que la oferta laboral será cada vez más precarizada.

La ventaja que ofrecen es que son menos costosas para los consumidores en terrenos de precios alejados de la realidad y hasta, a veces, irracionales. Enfrentan a los usuarios a una difícil disyuntiva, en un panorama global en el que son permanentemente destratados: ¿utilizar los servicios de plataformas que precarizan a sus trabajadores, así fomentándolas o no utilizarlos, a pesar de que su costo es significativamente menor?

Lo cierto es que las modificaciones fácticas en las modalidades laborales están sucediendo sin reacción adecuada de las legislaciones. Por el contrario: o se actualizan, o quedan afuera. Así, se toman decisiones como el DNU al que referimos anteriormente, sin debate y sin reflexión, inscribiéndose en una lógica que avanza y arrasa.

Hay una realidad ineludible: el mundo tiene cada vez más habitantes y la expectativa de vida es cada vez mayor, aumentando la edad activa. En contrario, la automatización, la tecnología y las nuevas modalidades hacen que los puestos laborales sean cada vez menos y más precarios.

El panorama para los trabajadores del futuro cercano es competir entre más personas, por una cantidad menor de puestos laborales y con peores condiciones. Las discusiones importantes, mientras tanto, las dejamos pasar. (Nota de opinión exclusiva para CAMBIO 2000)

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