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La construcción de un relato alrededor de la seguridad

Por Lautaro Peñaflor Zangara

Días atrás se conoció la Resolución 956 del Ministerio de Seguridad de la Nación, cuya titular es Patricia Bullrich. Se trata de un nuevo reglamento “para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de fuerzas federales de seguridad”.

La medida, ya conocida, flexibiliza las reglas que rigen a la hora de que Gendarmería, Prefectura, la Policía Aeroportuaria y la Policía Federal manipulen armas. La formulación a la que acude es difusa y puede prestarse a confusiones, además de -como dijimos- ser bastante laxa.

La pregunta que surge es si debe sorprendernos una reglamentación de estas características. Respondamos ese interrogante.

En noviembre de 2015, cuando Mauricio Macri ya había ganado las elecciones pero todavía no había asumido, hubo un caso de gatillo fácil: el de Lucas Cabello, en la ciudad de Buenos Aires. Fue la entonces Vicejefa de Gobierno porteño y gobernadora de la Provincia electa -María Eugenia Vidal- quien salió a defender el accionar policial, distrayendo con la idea de que, atrás, podía haber una trama de violencia de género.

Si bien el comentario pasó inadvertido, ese fue -quizás- el caso fundante del discurso y del accionar en materia de seguridad que el gobierno iniciaría un mes después.

Mucho escuchamos hablar de “relatos” en los últimos años y es lógico que existan, teniendo en cuenta que la comunicación política, para llegar a las masas, debe ser organizada.

Pero aquí estamos frente a un discurso que creció desde la llegada de Cambiemos al poder, teniendo su correlato en el plano fáctico, con consecuencias que deberían alarmarnos. Probablemente el pico fue con Chocobar: el policía que intervino en un asalto, asesinando a uno de los involucrados. Aunque el caso no había sido investigado, y existían razones para cuestionar la racionalidad del hecho, el efectivo fue recibido por el Presidente de la Nación.

Quedó expuesto, entonces, un relato de demagogia punitivista, que nos hace ingresar en una falsa dicotomía entre policías con la potencialidad de matar y delincuentes libres. Un paradigma que, probadamente, nunca pudo reducir las cifras de inseguridad, por la carencia de una mirada sistemática y fenomenológica de la relación compleja entre condiciones sociales y delincuencia.

Días atrás, ante la Cumbre del G20, y con la excusa de proteger a los mandatarios, el Estado adquirió carros blindados, 15 millones de municiones de goma, 2 millones de cartuchos de balas 9mm, chalecos, vehículos especializados, etcétera.

Ese material, sin el cual hasta la semana anterior podíamos sobrevivir, quedó en propiedad del Estado. El evento internacional sirvió para agregar otra capa al relato de la “seguridad”: una versión amigable y de alto impacto, al ver prácticamente en cadena nacional a la ciudad capital militarizada. Al día siguiente se conoció la resolución del Ministerio de Seguridad.

El “Reglamento Bullrich” recibió críticas de toda índole: desde las más esperadas, hasta algunas de su sector. Elisa Carrió habló de “ir al fascismo” y el gobierno de María Eugenia Vidal decidió -por el momento- no adherir al protocolo en la Provincia de Buenos Aires.

El reglamento legitima la muerte, que ya existía en la praxis, pero la blinda y la protege. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), cada 23 horas hay un caso de gatillo fácil en Argentina. No es un dato en abstracto, sino que la Coordinadora cuenta con un registro con nombres y apellidos. En 2017, según su relevamiento, se dio el mayor pico represivo desde 1983.  Y, desde 2013, se superan los números de 2001, año de estallido social en nuestro país.

En este contexto, una resolución semejante a la adoptada es pretender apagar un incendio rociándolo con nafta.

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